Resulta difícil de olvidar la postal que se generó a finales del mes de enero cuando más de mil inmigrantes desbordaron la Plaza de Los Héroes de Rancagua buscando regularizar su situación en el país. Decenas de extranjeros incluso pernoctaban en el lugar para conseguir un número de atención en la Gobernación de Cachapoal que les permitiera conseguir sus documentos.
Con este caótico panorama se encontraron las nuevas autoridades regionales al asumir en marzo de este 2018, situación que se transformó en una prioridad a nivel nacional y por la que el presidente Sebastián Piñera llamó a «ordenar la casa».
Este mandato lo asumió la gobernadora de la provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, que recuerda que al asumir el cargo, “nos encontramos con un proceso migratorio absolutamente desbordado, colapsado, desordenado, donde el gobierno anterior no hizo absolutamente nada para recibir a estas personas”, agregando que había inmigrantes que llevaban más de seis meses esperando que los atendieran.
La autoridad provincial señala que su primera medida fue darles “un lugar digno para ser atendidos” por lo que se trasladaron hasta el gimnasio Hermógenes Lizana en el mes de abril para continuar con el proceso de regularización que se extendió hasta el 23 de julio para los extranjeros que habían llegado al país hasta el 8 de abril.
El registro de inmigrantes en O’Higgins –un 90% en Cachapoal- fue catalogado de exitoso por la gobernadora que cifra en 11.900 los extranjeros que regularizaron su situación.
“Cuando comenzamos este proceso de regularización (…) nunca pensamos que los extranjeros voluntariamente se iban acercar al presidente a pedirle que querían retornar de forma voluntaria a su país, por las condiciones humanas que estaban viviendo acá”, comenta la autoridad sobre la petición que dio inicio al Plan de retorno humanitario, que este miércoles 7 de noviembre envió el primer avión con 176 haitianos de regreso a su país.
Mangelsdorff destaca que Piñera estableció “una política migratoria actual, regular y segura” agregando que en esta línea cuando extranjeros se acercaron a las autoridades nacionales en agosto a relatar que estaban viviendo un “drama humano” debido a que sus condiciones de vida son, en algunos casos, peores que las de su país de origen, “el presidente se preocupa y decide implementar el retorno voluntario de extranjeros”.
La medida del presidente ha generado reacciones divididas, una de las críticas que se generó fue la prohibición del ingreso a Chile por 9 años a los extranjeros que accedan al programa. En respuesta a los cuestionamientos, la gobernadora señala que, “si estamos haciendo esta política de retorno que no estaba contemplada en un comienzo y que fue a petición de ellos, claramente nosotros tenemos que tomar ciertos resguardos (…), esto no es antojadizo, es porque efectivamente son razones humanitarias”.
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