Hasta la Fiscalía Regional de O’Higgins llegó el ex obispo de Osorno, Juan Barros, para declarar en calidad de imputado como encubridor de presuntos abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.
Barros se presentó frente al fiscal Sergio Moya, quien recopiló los antecedentes en esta segunda declaración del ex sacerdote, en la que se recopilaron antecedentes relacionados a su rol como jefe de la diócesis castrense entre los años 2004 y 2015, sobre los abusos sexuales supuestamente perpetrados por el ex capellán de la Fuerza Aérea, Pedro Quiroz.
Tras la instancia el fiscal Moya detalló que se le informó a Barros que se está indagando sobre él y otros obispos en relación a todos aquellos casos que la Fiscalía incautó, por lo tanto, la indagación respecto de este ex obispo cubre todos aquellos casos en que él se desempeñó como obispo castrense, período en el cual se pueden haber formulado otras denuncias.
Asimismo, Moya aseguró que “Juan Barros renunció a su derecho a guardar silencio, prestó una versión y contestó todas las preguntas. Ahora deberemos considerar si aquellas declaraciones constituyen o no una colaboración”.
Cabe consignar que Barros ya había declarado como imputado por los mismos cargos, pero en el caso del sacerdote Fernando Karadima. En esa línea, al llegar a Rancagua el ex obispo detalló que “declaré en Santiago y ahora me pidieron que viniera para acá. Vengo por la causa del sacerdote Pedro Quiroz”.
Caso Ezzati
En su declaración a los medios el fiscal Sergio Moya se refirió también a la investigación por encubrimiento que lleva adelante el Ministerio Público contra el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
En esa línea, el persecutor adelantó que “no se ha fijado una nueva fecha de declaración, ellos tienen pendiente una petición de solicitar al Tribunal de Garantía competente y están esperando que este se determine para luego requerir el sobreseimiento definitivo”.
Sin embargo, pese a la intención de la defensa del sacerdote, de pedir el sobreseimiento, Moya aseguró que la Fiscalía ya cuenta con antecedentes en la carpeta de investigación para oponerse a la medida.
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