Este lunes el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, dispuso una serie de diligencias en Santiago en el marco de la investigación a jerarcas de la Iglesia Católica posiblemente involucrados en encubrimientos de abusos sexuales.
Según consigna El Mercurio, Moya incautó, junto a un equipo del OS-9 de Carabineros, los respaldos de los correos electrónicos de cinco religiosos: el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati; el cardenal Francisco Javier Errázuriz; el administrador Fernando Ramos; el ex canciller del Arzobispo de Santiago, Óscar Muñoz -en prisión preventiva por abusos sexuales-, y el sacerdote Raúl Hasbún, quien condujo la investigación interna que realizó la Iglesia en 2010 a partir de la denuncia.
La orden judicial dictada por el juez de garantía de la capital de la Sexta Región, Luis Barría, establecía la «entrada y registro e incautación» de los e-mails del dominio «Iglesia.cl» de autoridades católicas.
A primera hora de lunes el fiscal Moya y los funcionarios del OS-9 de Carabineros llegaron hasta la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile para concretar la incautación de los respaldos requeridos. Pero en el edificio de Alameda les informaron que los servidores que contienen esa información están en el campus San Joaquín, lugar hasta donde se trasladaron para llevar a cabo la extracción de la información. La diligencia se extendió hasta la tarde.
La Fiscalía Regional de O’Higgins investiga una querella en contra del sacerdote Jorge Laplagne Aguirre, acusado por un ex acólito de haber abusado de él cuando era un adolescente. En su relato, el denunciante Javier Molina apunta, como supuestos encubridores de los hechos, a Francisco Javier Errázuriz, Óscar Muñoz Toledo y a Raúl Hasbun, pues estima que en 2010 no se tomaron las medidas pertinentes frente a su denuncia. Ese año, Hasbun fue el encargado de conducir una investigación interna para esclarecer lo sucedido. En julio de este año, el Arzobispado de Santiago informó que esa indagatoria interna «no pudo acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados» y que había instruido una nueva investigación previa.
En el caso de Ezzati, en tanto, entre 2011 y 2015 habría conocido dos denuncias contra Laplagne y no habría tomado medidas para verificar los hechos.
Cuando Molina se enteró de la visita de los enviados del Papa, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, nuevamente presentó una denuncia. Esta se interpuso el 27 de junio en la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado (OPADE).
Pocos días después, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, realizó el primer allanamiento en el Arzobispado de Santiago. En este lugar se incautó la primera denuncia que había sido archivada. También ha confiscado 461 expedientes canónicos: 70 de ellos fueron encontrados en el archivo del Tribunal Eclesiástico, en el Arzobispado de Santiago, y en la Oficina Pastoral de Denuncias; otros 391, en el obispado castrense.
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