Desde 2012, año en que la lupa de la Contraloría General de la República se posó en el municipio de Mostazal, su alcalde Sergio Medel (UDI) ha convivido con la polémica por la utilización de los fondos que otorga el casino Monticello a la comuna, que ascienden a $42 mil millones desde 2010. Un reportaje de Ahora Noticias, del canal Mega, denunció el lunes una serie de presuntos pagos irregulares por parte de la municipalidad que habrían perjudicado sus arcas y beneficiado a empresas privadas, atentando contra el desarrollo de Mostazal. Varias querellas, entre ellas del Consejo de Defensa del Estado y de concejales, han judicializado lo que ocurre en la comuna. Hoy la investigación está en manos de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público.
Alcalde, ¿hace algún mea culpa por las irregularidades que pesan sobre su gestión?
Pero por supuesto, uno siempre puede cometer errores, pero los errores que se han cometido han sido de tipo administrativo y fundamentalmente por el desconocimiento de la aplicación de esta ley (de Casinos), que es una ley nueva; ni siquiera la Contraloría tenía claro cómo aplicarla. Lógicamente que sí cometimos errores, yo tuve funcionarios que cometieron muchos errores, pero siempre de tipo administrativo, nunca de que se quedaran con fondos. Y si fuera en algún momento así, nunca se les ha comprobado absolutamente nada de ello.
Se cuestiona que en 2010 la municipalidad compró un terreno para el cuartel de la PDI por $90 millones, cuando el año 2005 costaba $10 millones. Además que el pago se hizo a la hermana del concejal Wildo Ibarra (UDI).
No es tan así. Ese terreno que compramos, que fue el primer terreno que compramos, fue en el año 2009, recién llegados a la administración, y fue para poder establecer ahí un cuartel de la PDI considerando que estaba comenzando el casino y que asociado a eso sabíamos que iban a venir muchos delincuentes. Compramos este terreno en conjunto con la PDI, con la anuencia de la PDI, porque nosotros le pusimos varios terrenos a disposición a la PDI cuando comenzamos con este estudio y el más adecuado era este terreno. Uno, por la cantidad de metros cuadrados que tiene, son 2.200, y lo otro, por la accesibilidad y conectividad tanto para la carretera 5 sur como también para la H-10 que nos da conectividad hacia Graneros. El terreno fue elegido por los arquitectos de la propia PDI.
¿Y qué pasa con el costo de ese sitio?
Lógicamente que va a haber distorsión de valores, porque cinco años atrás, el año 2005, ese terreno tenía otro valor porque en ese momento no estaba el casino, que elevó sustancialmente el valor.
¿De diez millones a 90 millones?
No, pero es que ahí se está haciendo una comparación bastante tendenciosa en el sentido que se está comparando el valor fiscal con la tasación comercial que efectivamente fue la que nosotros compramos. Estamos comparando peras con manzanas, justamente con un afán tendencioso de poder perjudicar.
¿Se pagaron 190 millones el año 2012 para comprar la actual Piscina Municipal, ex Antirrayén?
Efectivamente. En realidad compramos una piscina comercial que existía en ese sector, que fue tasada y que correspondía a los valores que pagamos. Lo que está en cuestionamiento es el tema de la transformación de nuestra piscina semiolímpica en una piscina temperada que justamente nosotros licitamos como correspondió y la empresa al parecer quebró, no finalizó el trabajo, y nosotros les paramos los pagos en ese momento y finalmente fueron demandados por nuestro municipio por daños y perjuicios.
El Puente Azul iba a dar otra alternativa de conexión vehicular a San Francisco de Mostazal aparte de avenida Independencia. Pero Contraloría objetó esta obra por el pago de $25 millones a la empresa Ingeniería Mudel, que nunca construyó el puente.
Eran casi 600 millones los que se licitaron en ese momento (año 2011), que era el diseño y la ejecución del Puente Azul, que finalmente la empresa no lo cumplió. La empresa lo que hizo fue el diseño, que tampoco lo hemos pagado, y también lo tenemos hoy día en juicio.
¿Se pagaron 25 millones, como dice el informe de Contraloría?
Puede que alguna porción se haya pagado. Como estos contratos van por etapas, puede que a lo mejor hayamos pagado la primera etapa, pero como finalmente el producto no lo recibimos se paró y se demandó a la empresa.
Contraloría cuestionó varios pagos a la empresa eléctrica Realectric, cuyo dueño fuera el padre de una ex pareja suya. Esta empresa facturó $723 millones entre 2008 y 2013.
Sí, pero todos esos gastos, esos pagos que se hicieron, fueron anteriores a esa relación que yo tuve un par de meses con esta chica. Por lo tanto, desde el momento en que esta relación comienza no hubo ningún trabajo más con esta empresa. Todos los trabajos que se han hecho de la empresa Realectric como de la empresa Multi Assist fueron aprobados por los concejales que finalmente terminaron después haciendo estas acusaciones. Siempre estuvo todo en la mesa del concejo y fue aprobado por ellos.
¿Quién hizo las bases de la licitación para el contrato con Multi Assist?
Hay un informe de nuestros abogados donde se hacen estas bases, que son las que finalmente se suben al portal, porque todo esto fue licitado como corresponde.
Las obras en calle San Guillermo sufrieron casi dos años de paralización, Serviu cuestionó el proyecto y hubo que inyectar más recursos municipales, superando los $800 millones. ¿Reconoce que algo hizo mal?
Efectivamente, administrativamente se hizo algo muy mal. Los asesores que hicieron este proyecto no lo presentaron al Ministerio de Obras Públicas para su aprobación porque la información que nos entregaron en ese momento es que las calles de la comuna son resorte del municipio y de nadie más.
La concejal Teresita Reyes (independiente) denuncia que las bases de la licitación estaban con errores. Hubo ‘copy-paste’ de proyectos de Rancagua y San Fernando aplicados a las obras en San Guillermo
No, eso no es así porque es un proyecto único que tiene que ser aplicado en el terreno, entonces es imposible poder aplicar proyectos de otro lado en una calle que tiene sus características propias.
Después de todas estas críticas ¿seguirá con los viajes a la playa y los festivales?
Tenga la certeza de que el tema de los viajes a la playa, el tema de los festivales que nosotros hacemos, son un patrimonio de nuestra comuna. Pregúntele a cualquier ciudadano de nuestra comuna si quiere que eliminemos los viajes a la playa, que es la posibilidad que muchos de ellos tienen de poder vacacionar; si quieren que eliminemos los festivales para distraerse en el verano.
¿Qué pasa con el alcantarillado para Angostura, que ha esperado tantos años?
Esto lo comenzamos a trabajar el año 2009. En Angostura, que es el sector más grande donde no existe alcantarillado, eso está en los cerros, no es fácil de poder hacer. Los estudios no los estamos postulando ni nada, los estamos pagando con fondos municipales. Primero el catastro, que fue lo primero que comenzamos, después en el diseño, y una vez que tengamos esto sabremos qué hay que hacer y cuánto va a salir. Hasta el momento llevamos alrededor de 12 mil o 13 mil millones de pesos para poder colocar el alcantarillado solamente en Angostura, sin considerar lo que tenemos que pagar por la conexión al sistema de Essbio. Por lo tanto, para este proyecto vamos a tener que postular al FNDR o a algún fondo de la Subdere.
Usted en distintas oportunidades ha hablado de maquinación en su contra. ¿Quiénes estarían detrás de esta?
Esto está más que claro, las cuatro personas que aparecieron hablando (en reportaje de Ahora Noticias) es toda gente ligada a la campaña de Gonzalo Meza (ex concejal y candidato a alcalde en 2016). No hay que ser pitoniso para darse cuenta de quién está detrás de todo esto.
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