Una práctica muy recurrente en nuestro sistema político, especialmente a nivel local, es el cuoteo político. ¿En qué consiste? En poner en reparticiones públicas y cargos técnicos a personas que no responden a méritos o trayectorias profesionales, sino más bien a militancias y/o amistades políticas. Así, los partidos e incluso las dirigencias políticas se transforman en verdaderas agencias de empleo y en sucursales de pago de favores de campaña.
No se trata de desconocer que hay ciertos cargos dentro de la Administración Pública que son de confianza política y que, por lo mismo, deben seleccionarse a partir de criterios de esa índole. No se pretende acá revindicar una especie de “Gobierno de los técnicos”, porque efectivamente hay una dimensión de la gestión pública que es política y que responde a la decisión ciudadana de optar por tal y cual coalición en las urnas. Pero eso no tiene nada que ver con los infinitos cargos técnicos que tienen los gobiernos locales y nacionales, respecto de los cuales la variable política debe subordinarse a la competencia profesional. La comunidad exige que los directores de colegios, los jefes de hospitales, los coordinadores de seguridad ciudadana y tantos otros actores que juegan roles claves en la vida cotidiana sean personas idóneas y capacitadas, y no que estén en dichos puestos por tener relaciones de amistad, parentesco o militancia con alguna autoridad local o nacional.
Sabemos que muchas veces el hacerse de un cargo técnico (o predominantemente técnico) no es fruto de la meritocracia, sino de la partidocracia o el “pituto”. Así, nos encontramos con muchas personas que, pese a no tener ni los conocimientos ni las competencias, ostentan cargos de alto impacto ciudadano, solamente por hacer sido promovidos por tal y cual autoridad. Esta es una forma sutil pero flagrante de malversación de los recursos del Estado, en claro perjuicio a la comunidad. Y aquel que con conocimiento de causa propone, incentiva o actúa para colocar a una persona sin las capacidades en un cargo, podría estimarse que es cómplice (o incluso autor mediato) de una defraudación del Fisco.
En ese sentido, es preciso proponer lo siguiente: extender el tipo penal de fraude y/o de malversación de recursos del Estado a estas prácticas, posibilitando que los ciudadanos podamos reclamar la responsabilidad penal del funcionario y de aquel que lo propone para dicho cargo ante los tribunales de justicia. Esto generaría una comunidad mucho más exigente, y de paso disuadiría el cuoteo político.
Urge tener tolerancia cero con toda forma de corrupción. Junto con medidas activas (como, por ejemplo, mejorar el sistema de Alta Dirección Pública), es preciso tener sanciones ejemplares, que marquen precedentes y erradiquen el cáncer del amiguismo en la gestión pública. Solo así se recupera la confianza en la política y se cuenta con personas que llegan a los cargos por sus méritos, trabajo y esfuerzo, que es lo que la ciudadanía espera. ¿Estarán los políticos dispuestos a legislar esto?
Diego Schalper
Presidente ONG Me Comprometo
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