La diputada Alejandra Sepúlveda señaló que a pesar de las exposiciones de Valdés y Urrutia aún quedan aristas pendientes.
Tras la realización de la segunda sesión de la comisión investigadora por el caso Caval de la Cámara de Diputados, la parlamentaria independiente por el distrito 34, Alejandra Sepúlveda, señaló que con las exposiciones del seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés; y del alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, “se han ido aclarando varias dudas”, pero aún quedan en carpeta una serie de cuestionamientos por resolver.
La parlamentaria sostuvo que queda pendiente esclarecer cómo la arquitecta Cynthia Ross, ex funcionaria de la municipalidad de Machalí y también familiar de los dueños de los cuestionados predios en la comuna; con Juan Díaz, militante UDI y trabajador del síndico de quiebras, Herman Chadwick; intervinieron en la decisión de cambiar el plan regulador.
Sepúlveda explicó que es importante “saber qué ocurrió en el municipio de Machalí, en relación a las contrataciones, y consultorías que se producen entre el municipio y Cynthia Ross”.
En segundo lugar, la diputada expresó que es necesario estudiar todo lo que está ocurriendo con el síndico de quiebras, sus atribuciones y funciones especificas y también averiguar todo sobre la contratación de Juan Díaz y el por qué se le paga una cuantiosa suma por sus servicios, que sobrepasa los 400 millones de pesos.
Alejandra Sepúlveda agregó que también se espera aclarar qué es lo que ocurrió en el Gobierno Regional, en relación al cambio de plan regulador que propone la municipalidad de Machalí.
Si bien las explicaciones de Wilfredo Valdés y José Miguel Urrutia ayudan a la investigación, la diputada señaló que espera contar con las actas de todas las sesiones del Consejo Municipal “para saber quiénes fueron las personas que participaron en la toma de decisiones para cambiar el uso de suelo”.
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