El presidente regional de la Anef, Juan Rozas, junto a la dirigenta nacional de Andime, Rosalía Elgueda y la directiva provincial del organismo, entregaron el documento en la Seremi de Educación.
El pasado 27 de mayo, la Contraloría General de la República, a través del propio Contralor Ramiro Mendoza, acogió el reclamo al proceso calificatorio presentado por el funcionario de la Dirección Provincial de Educación de Cachapoal, Edison Ortiz González, además concejal PS por Rancagua, por la calificación que le significó quedar en Lista 2.
El pronunciamiento de la Contraloría establece que el proceder de la Junta Calificadora “carece de la debida fundamentación, toda vez que no ha expresado su apreciación particular para asignar las notas a cada concepto ponderado”, ya que unilateralmente, el organismo bajó de 10 a 8 la nota máxima para evaluar el desempeño del profesional.
Asimismo, el documento señala que “en consecuencia (…) procede retrotraer el proceso calificatorio en comento, a la etapa en que la Junta Calificadora emita nuevamente su acuerdo, esta vez, debidamente fundamentado”.
La documentación sobre esta materia fue entregada ayer en la secretaría de la Seremi de Educación por el presidente regional de la Anef, Juan Rozas, acompañado por la directora nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Rosalía Elgueda y los dirigentes provinciales del organismo, María Beatriz Fuenzalida, presidenta, Edita Sepúlveda, tesorera y Ernesto Valenzuela, secretario y uno de los afectados por esta situación, el concejal Edison Ortiz.
Juan Rozas, señaló que esta situación “vulnera los derechos de los trabajadores en cuanto ala defensa que podrían tener en sus procesos de evaluación de desempeño. Aquí, en forma arbitraria, quienes califican, establecieron rebajar las calificaciones sin una argumentación clara de por qué están mal calificando a los funcionarios de la seremía y de las provinciales”.
Rosalía Elgueda, precisó que “esta arbitrariedad se produjo en todo el país. Oralmente manifestaron que los funcionarios del Ministerio de Educación eran muy buenos funcionarios, por lo cual no podían tener todos 10, entonces instruyeron que la nota máxima fuera 8 y eso se dio en varias partes, pero el dictamen de la Contraloría dice que se tiene que retrotraer todo el procedimiento por el vicio que se produjo en todas estas situaciones”.
Edison Ortiz, destacó que “aquí se marca un precedente bastante importante, porque lo que hubo fue una arbitrariedad del porte de un buque (…) y lo que primó fue una arbitrariedad política de gente que llega con un sesgo al sector público (…) y yo creo que aquí hay un responsable concreto que es el ex seremi Sebastián Figueroa”.
En tanto, el seremi de Educación, Pedro Larraín, señaló al respecto de los reclamos que “la Contraloría se ha pronunciado porque nosotros volvamos a revisar el proceso de calificación del año 2010, a lo cual, por supuesto estamos dispuestos. Como presidente de la junta la citaré a la brevedad posible, entendiendo la contingencia que se está viviendo, para a la brevedad, tener respuesta a estos funcionarios, según las peticiones que ellos mismos están haciendo”.
Aún cuando Larraín explicó que no hay un plazo establecido, “para nosotros es importante hacerlo a la brevedad, para que no se junte con los siguientes procesos precalificatorios”, que parten en julio próximo y donde, por primera vez se capacitará a los precalificadotes, con la idea de que el proceso “sea lo más justo posible”, concluyó el seremi.
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