El próximo martes 9 de abril se llevará a cabo la audiencia de formalización en contra del actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy y cuatro empresarios de la capital regional, Javier Cornejo, Diego Barba, Carlos Rodríguez y Daniel Salazar.
¿Qué antecedentes sostenían la solicitud de detención? Según la solicitud del Ministerio Público, Godoy, en el ejercicio de sus potestades, habría favorecido arbitrariamente a ciertos contratantes mediante diversos actos. El alcalde habría fragmentado compras, dividiéndolas para burlar la normativa sobre compras públicas; habría adjudicado múltiples contratos vía trato directo sin justificación alguna; habría efectuado publicaciones por plazos más breves de las licitaciones; se habría pagado a algunas empresas por obras no ejecutadas; En especial, la Fiscalía señala que Godoy habría dispuesto que se adjudicaran contratos a ciertas personas, tales como Javier Cornejo, Diego Barba, Carlos Rodríguez, o sus empresas, con lo que los habría beneficiado abiertamente, y todo ello habría sido hecho a cambio de dádivas o pagos, para lo que se habrían además falsificado documentos.
Contratos con Javier Cornejo
Según la Fiscalía, las empresas de Javier Cornejo se habrían adjudicado fraudulentamente contratos por $1.163.779.295, y, en retribución, Juan Ramón Godoy habría tenido acceso a una cuenta corriente y tarjetas de crédito del empresario realizando gastos por casi $140 millones.
Además, la Fiscalía señaló -al solicitar la detención de los imputados-, que una supuesta reparación de un vehículo municipal en una empresa relacionada con Cornejo jamás se habría realizado, sin embargo, se pagó por ella más de $5 millones, aunque su valor neto llegaba a $4,5 millones, justamente el monto que Cornejo transfirió a la cuenta del alcalde Godoy.
La relación con Diego Barba
Según el Ministerio Público, el empresario Barba habría retribuido a Godoy un equivalente al 9,99% de los contratos con que sus empresas fueron beneficiadas con la Municipalidad o la CORMUN, es decir, $32.686.000, los que habrían sido pagados con la compra de un automóvil para el uso personal del alcalde Godoy.
Barba habría además financiado viajes turísticos para el alcalde Godoy como contraprestación a los múltiples contratos que sus empresas suscribieron con el municipio.
La relación con Carlos Rodríguez
El empresario, gerente general y representante legal de la empresa GES residuos, habría celebrado contratos con la municipalidad por al menos $646.285.783.
En retribución a esos contratos, según la Fiscalía, Rodríguez habría pagado alrededor del 10% de los montos al alcalde Godoy, siguiendo el mismo modus operandi que otros empresarios, tanto con transferencias directas como con el pago del mes de garantía y meses de arriendo de un departamento en el que vivió Godoy.
Relación con el empresario Daniel Salazar
El hermano de Salazar, Evis, es representante legal de una empresa que habría recibido asignaciones por $374.473.862, y Godoy habría recibido en compensación transferencias de un porcentaje de ese monto.
Los diezmos de Óscar Francisco Martínez Catalán
Si bien no aparece entre los imputados de la causa, el empresario gastronómico de la capital regional, según la presentación de la fiscalía, habría pagado el 10% de diversos contratos adjudicados directamente con el municipio por diversos montos que llegarían a $10.339.683, versus las adjudicaciones a sus empresas que habrían llegado a $132.502.608.
Lavado de activos
Dentro de los delitos que la Fiscalía imputa al actual alcalde Godoy llama la atención el de lavado de activos, un ilícito frecuentemente asociado al narcotráfico, pero que en este caso tendría su origen en los dineros recibidos como soborno de los empresarios también imputados.
En ese contexto, Godoy habría ocultado o disimulado el origen ilícito de los bienes adquiridos con el fruto de los delitos de fraude al fisco y cohecho.
Trascendió que el Ministerio Público habría establecido que Godoy utilizó grandes cantidades de dinero en efectivo sin justificar su origen, así como también instrumentos financieros, testaferros o “palos blancos” para la adquisición de inmuebles y habría además lucrado con la venta de bienes recibidos ilícitamente como cuando vendió el vehículo que formaría parte del soborno de uno de los empresarios involucrados en este caso.
La Fiscalía aseguraba tener pruebas para acreditar la participación de los imputados en los hechos descritos, sin embargo, el Tribunal no aceptó decretar la orden de detención, lo que hizo necesario para el órgano persecutor solicitar de inmediato la formalización de Godoy y los cuatro empresarios. Este 9 de abril -en la formalización de Godoy y los cuatro empresarios-, se conocerán seguramente nuevos antecedentes del caso.
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