Preocupación existe en el municipio de Graneros, a raíz de los múltiples robos que los han afectado en el último tiempo. Según denuncian, ocho de estos ilícitos se han registrado en lo que va de 2019. De estos, 5 han sido en los últimos tres meses.
Los últimos robos afectaron a la Oficina de la Discapacidad y a la Delegación Municipal de Villa La Compañía. Tras estos hechos, el alcalde Claudio Segovia, hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.
“Quiero manifestar mi malestar, ya que es consecutivo y que no sólo ha afectado a una familia pudiente, aunque queremos que a nadie le pase, sino que a toda la comunidad, entran a un bien de uso público que tanto sirve porque se atienden personas con discapacidad, y no solamente a nosotros, sino que se ha robado a iglesias, colegios, a dirigentes vecinales, vecinos, entre otros”, asegura el jefe comunal.
Segovia manifestó que es terrible el daño que causan quienes vulneran todo tipo de seguridad y entran a las oficinas que atienden a personas que no pueden costear sus tratamientos de manera privada y que el municipio los atiende sin costo alguno.
“Acá se realizará una investigación por parte de la BIRO de la PDI y esperamos que los resultados finalicen en la detención de quienes tanto daño les han causado no sólo al municipio, sino que a nuestra comunidad”, dice Segovia
Por su parte, Jesús Salinas, encargado de la Oficina de la Discapacidad, recordó que “esta es la quinta vez que nos roban desde julio a la fecha y lamentablemente para los usuarios, que son los discapacitados de la comuna. No tenemos elementos para que trabaje el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, nos han robado computadores y equipos especiales”.
Por tanto, el llamado que realizó la municipalidad es a que las personas no compren objetos de dudosa procedencia, ya que están dañando a las personas que más lo necesitan en Graneros y que son usuarios de la oficina, donde además cometen el delito de receptación que es sancionado por ley arriesgándose a una condena desde los 61 días, hasta los 5 años de cárcel, a lo que se suma una multa de 5 a 20 UTM.
Segovia fue enfático al efectuar un llamado a las autoridades correspondientes a que “no sólo se centren en la manera de investigar, sino en prevenir. Nosotros pensamos que esto está evidentemente relacionado al consumo de pasta base, que venden y compran cosas de fácil reducción”, recalcó Segovia.
“Acá falta perseguir a quienes consuman en la calle. No es normal que la gente lo asuma con naturalidad, ni que la gente robe para conseguir drogarse”, dice Segovia. Por ello, pide «acción de parte del gobierno y las policías para detener esto y que ejecutar planes efectivos que puedan darle seguridad a nuestra gente”.
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