La medida aprobada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, control preventivo de identidad a adolescentes de 16 años, contraviene los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez y otros tratados suscritos por Chile, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esta medida no pone a los niños primero en la fila, como lo proclamaba hace algo más de un año el Acuerdo Nacional por la Infancia.
Esta medida no avanza hacia la adopción de medidas para la protección de niños, niñas y jóvenes. Más bien los expone a amenazas de discriminación y ataques a su honra y reputación.
El control preventivo ‘sin causa’, según un informe elaborado por UNICEF, no existe en las legislaciones de casi ningún otro país.
Esta medida no tiene evidencia científica disponible que justifique su uso, por el contrario, podría aumentar los delitos. Desde la Teoría del etiquetamiento, si el Estado trata a los adolescentes como “delincuentes” posiblemente ellos entenderán que ese es su o “rol” y actuarán como tal.
Esta medida posiblemente será poco eficiente para reducir el número de adolescentes que cometen delitos, considerando que su aplicación está orientada a todos los adolescentes y los que están en conflicto con la ley penal son solo un 4%, mientras que aquellos con órdenes de detención corresponden a menos de 0,08%.
Los adolescentes que cometen delitos deben responder por sus actos, considerando su edad y la gravedad de sus acciones, junto con recibir herramientas para su reintegración social.
Lejos de alegrarnos por esta medida, no podemos permitir que Chile se transforme en una sociedad de control y de sospecha, donde la vigilancia permanente se escapa de sus espacios cerrados tradicionales para ejercerse en los espacios abiertos y públicos, como las plazas y barrios.
Mahia Saracostti Schwartzman.
Red Universidades Unidas por la Infancia y Académica UFRO.
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