Tal como lo habían anunciado, la Asociación de Ribereños del Río Cachapoal-Pichidegua elevaron ante la Contraloría General de la República la solicitud de suspender la toma de razón del decreto del Ministerio de Obras Públicas, referido a la licitación del proyecto de concesión de la Ruta 66 o Camino de la Fruta, por considerar que sus bases de licitación son técnicamente incompletas.
La razón del documento se fundamenta en “el grave impacto negativo” que acarreará a la comuna el proyecto, particularmente el que se desarrollará por la orilla del río, por lo que solicitan que en el análisis que la Contraloría debe efectuar para dictar la toma de razón de dicho decreto, sean tomados en cuenta los elementos no considerados en las bases del llamado a licitación hecho por el Ministerio de Obras Públicas.
Dentro de los elementos se destaca que para la variante Peumo – Las Cabras “no existe una modelación hidráulica del comportamiento del río Cachapoal, requisito imprescindible en la elaboración de un proyecto de esta magnitud que permita al constructor conocer las características técnicas del lugar donde se propone construir un puente y el terraplén de la carretera».
Asimismo, señala que para mejorar las condiciones económicas del constructor «el MOP, sin ningún respaldo técnico, autoriza ajustar la rasante de dicha variante, es decir, rebajar la altura del terraplén necesario. Lo que contradice un estudio del propio ministerio, que determinó como zona inundable el sector Peumo – Las Cabras, donde se propone construir la mencionada variante».
Además, no considera el registro de crecidas del río Cachapoal donde, por ejemplo, en la de 1987, sobrepasó los 4.000 metros cúbicos por segundo.
Destaca que un análisis técnico, realizado para 21 kilómetros, de los 25 totales de dicha variante, hecho por el ingeniero hidráulico Juan Guillermo Burmester, con los datos que entregan las bases oficiales del llamado a licitación en cuestión, determina que el terraplén propuesto debe tener una altura de 10,5 metros en los primeros kilómetros desde el puente Peumo al poniente, llegando a un promedio de altura de 6,5 metros para el tramo total.
Señala que para cumplir ese requerimiento técnico se debe rellenar con 5,6 millones de metros cúbicos de áridos, a un costo estimado de 152 millones de dólares, de acuerdo al precio establecido en las bases mencionadas. Es decir, la alternativa de trazado de la variante en análisis tendrá un impacto ambiental y económico significativo para la obra licitada. (Como referencia, el propio MOP autoriza extraer del río Maipo, para atender todos los requerimientos de construcción, pública y privada de Santiago, solo tres millones de M3 de áridos).
La salida poniente de la mencionada variante, se propone construirla por el sector Las Quiscas en Las Cabras, sin considerar el estudio técnico del propio MOP, que señala que ese sector es morfológicamente inadecuado para esos efectos.
Asimismo, destaca que las señaladas bases de licitación, según el documento, no proponen ninguna propuesta técnica, con el debido respaldo ingenieril, para proteger la inundación de los 30 kilómetros de la ribera sur, que corresponde a la comuna de Pichidegua, donde existen siete poblados con más de 15.000 habitantes que serían directamente afectados, más una importante infraestructura pública como pozos de agua potable, plantas de tratamiento de aguas servidas, caminos, etc.
Las bases de licitación solo consideran 13 kilometros de defensas fluviales para la longitud de ribera antes señalada.
La carretera adyacente al río Cachapoal por la ribera norte funcionaría como un verdadero dique de 6,5 metros de altura promedio, provocando que toda el agua en crecida se iría contra la ribera sur, inundando Pichidegua y esos siete poblados antes mencionados.
Consigna que tampoco se responde técnicamente al impacto que provocará la construcción de dicho terraplén en más de 2.500 has. de una de las mejores tierras de Chile para cítricos y paltos, al obstruir el drenaje natural de las aguas subterráneas y superficiales al río. (Estudio de la Universidad de Concepción encabezado por el Dr. Eduardo Holzaphel).
Tampoco consideran en las bases el impacto que provocará en la temperatura en el sector, pues la altura del terraplén impedirá el libre escurrimiento del aire frío como sucede en la actualidad, ya que dicho flujo chocará contra el terraplén y un efecto de reinversión producirá dañinas heladas en los cultivos y frutales de la zona.
De la misma forma plantean el incremento del costo del proyecto, ya que la licitación efectuada en el año 2008 tuvo un costo de referencia de 8,24 millones de UF, considerando 30 kilómetros de doble vía, mientras que la licitación actual en proceso tiene un costo de referencia de 15,95 millones de UF incluyendo solo 12 kilómetros de doble vía.
«Es importante señalar que para esta variante propuesta existe otra alternativa de proyecto, la que fue desarrollada durante la concepción que se abortó anteriormente, cuyo trazado se desarrollaba por el lado del cerro, lo que evitaba todos los inconvenientes antes señalados. Dicho proyecto tiene el diseño de ingeniería terminado, la resolución ambiental aprobada y expropiaciones de terrenos ya consignadas que con la nueva variante, más de 2 años se perderían», consignan.
Junto con ello reclaman que durante las numerosas reuniones sostenidas con diversos profesionales del MOP y Concesiones nunca se ha dado una explicación técnicamente respaldada para dar la razón que se tuvo en consideración para modificar el trazado de la carretera en este tramo en esta nueva licitación y desechar todo el trabajo realizado, así como también los costos utilizados en estudio y expropiaciones ya hechos.
Finalmente añaden que «si pese a los inconvenientes antes detallados, el decreto en proceso de toma de razón señala que al MOP adjudicó la concesión del mencionado proyecto a la única empresa (Sacyr), frente a 19 que retiraron las bases, rogamos tener a la vista sus antecedentes judiciales y financieros».
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