La investigación en contra de ministros suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua ha generado una serie de reacciones en el mundo político y judicial.
Una de ellas fue la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con el fin de determinar las responsabilidades políticas en este caso.
Este lunes, los integrantes de esta instancia se reunieron para comenzar a redactar el informe final, pero transcendió que existirían al menos tres puntos en los que no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
Uno de los temas que está generando una marcada diferencia de opinión es el que tiene que ver con la responsabilidad que tendría el actual ministro de Justicia Hernán Larraín.
Para los diputados oficialistas este caso no tiene nada que ver con el actual secretario de Estado.
Al respecto, el diputado Diego Schalper señala que “acá lo que ha operado es que la Corte Suprema ha incluido investigaciones y esas han terminado en un cuaderno de remoción. Por lo tanto que aquí se pretenda atribuir algún tipo de responsabilidad al Ministerio de Justicia nos parece impropio”.
Otro tema que no encuentra consenso es que se le atribuya responsabilidad política a personeros de la cartera de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, a lo que se niega la bancada de oposición.
Adicionalmente, otro tema que ha generado controversia, tiene que ver con las reuniones entre legisladores y miembros del poder judicial; y si el informe debiera ejemplificar con el caso en que se vio involucrado el senador Juan Pablo Letelier.
La idea es que este documento apunte a prohibir todo tipo de reuniones entre miembros de los poderes legislativo y judicial, ya que en definitiva ese tipo de citas privadas se prestan para malas interpretaciones incluso si fuesen con fines nobles.
Schalper expresó que más que personalizar el hecho, lo que se busca es que situaciones como esa no se repitan porque la verdad es que esas audiencias privadas que pueda tener cualquier senador o diputado dan pie a suspicacias.
Influencia del informe
El rol de la comisión investigadora es indagar posibles responsabilidades políticas y es uno de los puntos donde no hay consenso. Además ha sido sumamente relevante porque ha permitido levantar información respecto al nombramiento de algunos notarios y conservadores.
Se espera que el documento final sea votado en la Sala de la Cámara de Diputados durante la primera semana de septiembre.
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