El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de pago oportuno para las pymes, el cual obliga a las empresas a pagar las facturas en un máximo de 30 días corridos desde la recepción de la misma. Lo anterior comenzará a regir a partir del segundo año desde que se promulgue la ley.
El seremi de Economía, Ignacio Tello, explica que en la mayoría de los casos los pagos hacia las pequeñas y medianas empresas se extendían incluso hasta más de 100 días, lo cual “ahogaba a los emprendedores”. Este proyecto “es una muy buena noticia para el millón de empresas que existen en Chile y para las más de 53 mil empresas que existen en la región de O’Higgins”, enfatiza la autoridad.
El seremi plantea que esta ley viene asociada a sanciones por no pago a 30 días en el caso de que no se cancele la factura en dicho plazo, lo cual trae consigo un interés moratorio diario y por una comisión moratoria por sobre la factura en caso de atraso.
Para el seremi, estas sanciones actuarían como incentivos para que las empresas cumplan sus compromisos comerciales adquiridos, sin embargo, la cifra específica de interés será conocida una vez que sea publicada la ley.
Según datos de la Seremía de Economía, en la región de O’Higgins existen 53 mil empresas, de las cuales casi el 98% son micro, pequeñas y medianas empresas, por lo cual Tello plantea que este proyecto de ley “apunta directamente a la clase media”.
Cabe aclarar que, en caso de que esta iniciativa se convierta en ley, habrá un plazo progresivo para ajustarse al pago de los 30 días. En este sentido, después de dos años de su promulgación la empresas tendrán 30 días como máximo para pagar.
Tello explica que esto fue pensado así porque “ajustar la cadena de pagos es complejo y podríamos haber provocado más daño que alivio, por lo cual el aplicar el plazo a 30 días al cabo de dos años se pensó para no asfixiar o estresar las cadenas de pago”.
El representante de la cartera de Economía sostiene que estas medidas sancionatorias anexadas a intereses permitirán que la ley y los plazos establecidos en ella se cumplan efectivamente, por lo cual no habrá fiscalizadores que supervisen el cumplimiento de la normativa.
Asimismo, desde el Ministerio de Economía habrá mediciones del cumplimiento de la ley que permitirán saber el comportamiento de los emprendedores.
Cuando se incurra en un retraso en el pago de alguna factura, se ponen en marcha los procedimientos de cobro, pero esta vez se le suma el interés correspondiente.
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