El homicidio de un estudiante mientras jugaba Pokémon Go conmocionó a toda una ciudad, no solo por las circunstancias que rodearon este hecho, ya que el crimen ocurrió porque intentaron robarle su celular, sino que también porque el principal inculpado en este caso es un menor de edad.
Hoy se inicia un juicio que traspasó fronteras, donde el nombre de Joaquín Fernández se ha transformado en la bandera de lucha de un grupo de parlamentarios para lograr modificar el actual sistema penal adolescente.
A la espera del pronunciamiento de la justicia, es prudente preguntarnos si como sociedad estamos preparados para enfrentar hechos donde los responsables son menores de edad. Y la pregunta va más allá de las sanciones que deban existir en casos de alta connotación social –como el que terminó con la vida de Joaquín Fernández- sino que la respuesta debe ir enfocada en cómo las políticas y entidades públicas se hacen cargo de un drama que se revela todos los días, con niños y adolescentes siendo partícipes de delitos y situaciones reñidas con la justicia.
El tema relacionado con las sanciones es solo una forma de abordar esta problemática, para algunos incluso la menos apropiada.
Por ello, el esfuerzo debe estar centrado en que el Estado sea capaz de brindar una solución integral donde no solo el enfoque esté puesto en aumentar las penas, debido a la naturaleza y complejidad de este tema. El objetivo es enfrentarlo desde la raíz, con los factores que la originan, su entorno y las oportunidades que existen de romper ese círculo vicioso que termina provocando que niños y adolescentes se inicien en los delitos como una alternativa de vida, marcada por abusos, drogadicción, alcoholismo, deserción escolar y explotación infantil.
La nueva institucionalidad del Sename es clave para avanzar, especialmente porque como país hemos entendido que los menores infractores de ley necesitan de políticas públicas dirigidas a la prevención y a la rehabilitación, pero con un enfoque distinto a aquellos que han sido vulnerados en sus derechos.
El desafío es aún más grande: Por un lado el Estado debe dar señales claras e inequívocas para prevenir y no lamentar delitos como los que terminaron con la vida de Joaquín, pero al mismo tiempo debemos como sociedad ser suficientemente capaces de lograr que aquellos menores infractores de ley el día de mañana no sigan el camino de la delincuencia y que siendo adultos se puedan reinsertar y ser un verdadero aporte para la sociedad.
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