La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en el Censo 2024, tras revisar los contratos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El organismo confirmó que 16 censistas tenían antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis casos, la empresa reclutadora no validó los certificados ante el Registro Civil, mientras que en otros diez ni siquiera se acreditó haberlos solicitado.
Además, el INE contrató a 14 extranjeros sin autorización laboral, uno de ellos con expulsión administrativa pendiente. La auditoría también reveló que más de 130 trabajadores no acreditaron los requisitos educacionales exigidos.
La Contraloría cuestionó pagos por $166 millones a 515 censistas cuya labor no fue verificada, y observó que 267 funcionarios trabajaron simultáneamente en otros servicios públicos sin declararlo. El informe también detectó arriendos sin justificación, pagos por traslados en días sin actividad censal y miles de equipos tecnológicos almacenados por meses sin destino.
La CGR ordenó al INE instruir un sumario administrativo, formuló un reparo por $315 millones, mientras que dio un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para aclarar el destino de los computadores y smartphones almacenados, remitiendo además los antecedentes al Ministerio Público.
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