El caso de Sofía, que murió a manos de su padre en Puerto Montt; o de la niña de 10 años secuestrada, violada y abusada en Rancagua, han puesto en el debate la necesidad de endurecer las penas contra quienes cometan este tipo de delitos. La conmoción pública que han generado estos casos ha hecho que la sociedad exija todo el rigor de la ley para los culpables, que para Chile es el presidio perpetuo calificado. Pero algunos incluso hablan de restituir la pena de muerte, que fue derogada en 2001, en el gobierno de Ricardo Lagos.
En medio de este debate, expertos cuestionan que un castigo como quitar la vida del delincuente actúe eficazmente como un método disuasivo para evitar que este tipo de delitos siga ocurriendo.
De ahí que quienes abogan por esta sanción, haciendo eco del dolor y clamor de la ciudadanía, caen en un discurso más bien populista, que cercano a la realidad.
Existe consenso en la necesidad de endurecer las sanciones para quienes cometan delitos contra menores, pero a nivel parlamentario está descartado restituir la pena de muerte, porque atenta contra tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia.
Es que la pena de muerte finalmente termina siendo utilizada como un acto de venganza en lugar de hacer justicia. Así, queda claro que no aborda el problema de fondo: Cómo enfrentamos como país una lucha que ningún gobierno ha podido ganar, cómo disminuimos la delincuencia, la violencia en los hogares, contra los niños y mujeres, cómo combatimos el flagelo del narcotráfico.
El modelo socioeconómico y cultural nos habla que el germen de la delincuencia nace de una violencia cultural, instaurada en un clima de drogas, con vivencias de maltrato y vulneración. Un círculo del cual es casi imposible escapar. De ahí, se está a un solo paso de cometer delitos o atentar contra los cercanos.
Y los mecanismos que hoy tiene el Estado para enfrentar está realidad han fracasado. Por ejemplo, para evitar que menores sigan siendo vulnerados en su entorno, las políticas públicas que se han implementado han demostrado que han sido poco efectivas y que es necesario reformular la protección de menores.
Por ello, se necesita de una real voluntad política para enfrentar la delincuencia no como un problema puntal de un gobierno de turno, sino que a través de políticas que permitan abordar la delincuencia de una manera integral: Basándose en la necesaria idea de endurecer las penas (por ejemplo, sin beneficios carcelarios en delitos de mayor gravedad); pero también a través de lineamientos que permitan mayores avances en estrategias de prevención y persecución penal; así como de rehabilitación y una efectiva reinserción social en los casos que califiquen para ello.
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