En Serviu admiten que hay una toma ilegal.
Hoy se cumple un mes desde que una familia se tomó la casa de Johanna Órdenes, según denuncia, en la villa Cal y Canto de Machalí. Tras golpear varias puertas, esta pobladora lucha para lograr el desalojo de quienes habitan la vivienda ubicada en el pasaje Sauzal 1218. “Tienen que darle una solución a las personas que están ahí, pero es mi casa. Esta gente con suerte tiene ahorros, entonces no ha seguido el protocolo de la postulación», asegura.
Yo he tenido muchos avances por los medios de comunicación porque lo he hecho público y tengo una audiencia el 28 (de julio) con el fiscal (Sergio Moya). También esto pasó a la PDI porque este delito es una usurpación violenta y la investigación la tiene el inspector Daniel Sepúlveda”, sostiene la afectada. “Tienen que dar orden de desalojo, no es mi problema que no tengan dónde vivir”, agrega.
Johanna Órdenes asegura que “aquí está metida la junta de vecinos también, están coludidos totalmente con ellos, o sea inventan cosas sobre mí. Independiente de lo que yo haga o deje de hacer con mi vida, es mi privacidad, lo que yo estoy pidiendo es mi derecho”. Explica que “me estoy quedando en la casa de una amiga en este minuto, también estuve en Santiago, donde mis tíos, y lamentablemente perdí hasta el trabajo por esta situación”.
Según expresa, “ahora en Serviu tienen que dar la orden de desalojo, por lo que a mí me dijo don Víctor Cárdenas (director regional)”.
La autoridad del Servicio de Vivienda y Urbanismo dice que “hay una familia que se toma una vivienda y claramente es una situación ilegal, irregular, y se tienen que seguir los conductos que nos señala la ley”.
No obstante, precisa que “nadie se toma una vivienda porque sólo quería hacerlo, sino que seguramente hay un conflicto detrás, pero nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Por otro lado está la obligación de los asignatarios de la vivienda de ocupar su casa dentro de los primeros 30 días una vez entregado este conjunto. Ya tenía más de tres meses de inaugurado y a raíz de esto nos encontramos con que había un porcentaje bastante alto, cercano al 10% de viviendas que aparentemente no estaban siendo ocupadas por sus asignatarios, entre ellas esta vivienda”.
Cárdenas sostiene que “nosotros tenemos que hacer tres fiscalizaciones antes de tomar la decisión de definir si la persona cumplía con los requisitos. Ya se hizo la segunda fiscalización, estamos programando la tercera y a partir de eso vamos a ir viendo la situación de cada caso. En el caso particular de la señorita Johanna, ella presentó su documentación que está en análisis para poder corroborar que ella efectivamente estaba haciendo uso de la vivienda”.
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