Dirigentes de adultos mayores de la región acudieron a Contraloría para denunciar una presunta irregularidad en el manejo de recursos en una actividad organizada por el Senama de O’Higgins.
Entre las situaciones que se solicitan investigar se encuentra un presunto pago de servicio no realizado, documentos ideológicamente falsos y falta a la probidad, a raíz de la contratación de un servicio de catering que, según los denunciantes, no se habría realizado.
Esto habría ocurrido en una ceremonia de certificación organizada por el Senama el pasado 24 de agosto en el Teatro Regional de Rancagua.
El conflicto radica en que en esta masiva actividad, la coordinadora regional del Senama, Tamara Jofré Salinas, habría solicitado el pago de factura electrónica por servicio de catering para 500 personas, por un total de $706.432 a la productora de eventos “Fabiola Marlen Correa Saavedra”.
Y pese a que el pago se habría ajustado al proceso administrativo, el servicio no se habría llevado a cabo, asunto que motivó a los dirigentes de adultos mayores a acudir hasta el órgano contralor presentando pruebas que respaldarían esta acusación.
De esta denuncia también se hizo parte el senador Juan Pablo Letelier (PS) quien fue enfático al señalar que “este tipo de prácticas deben ser erradicadas de raíz. De ser ciertas estas denuncias, se debe separar de sus cargos a quien o quienes sean responsables”, sentenció.
El legislador asegura que “hay pruebas y documentos contundentes que demuestra que lo señalado por este grupo de dirigentes es cierto”, y agrega que este hecho “ya está en conocimiento del director nacional de Senama”.
A juicio de Letelier si este tipo de situaciones ocurre a solo meses de iniciado el nuevo gobierno “qué podemos esperar para más adelante en un servicio donde los recursos deben ser utilizados de forma óptima y transparente, en pro de los adultos mayores de la Región”.
“Más allá del monto en cuestión, lo que resulta cuestionable es la acción de firmar documentos públicos por servicios inexistentes y, peor aún, solicitar facturas ideológicamente falsas”, lo cual constituiría “un uso inadecuado de recursos”, sostiene Letelier.
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