El Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley denominado ‘Aula Segura’, que busca entregar facultades a los directores de los colegios municipales y particulares subvencionados, que les permitan expulsar o cancelar la matrícula de los estudiantes que cometan hechos graves de violencia.
La medida tomó fuerza luego de una seguidilla de hechos ocurridos en liceos de Santiago, como el lanzamiento de una bomba molotov a Carabineros, que una profesora fuera rociada con bencina en una manifestación, y al destrozo del inmobiliario.
«Los graves hechos de violencia (….) no solamente atentan contra la dignidad, la integridad física y la capacidad de enseñar de nuestros profesores, sino que también atentan contra el derecho de todos los demás alumnos a poder recibir educación de calidad», señaló Sebastián Piñera.
Si bien los estudiantes tienen derecho a manifestarse, su posición o rechazo a ciertas políticas públicas, no se deben confundir con actos de violencia. En el pasado, las distintas manifestaciones obligaron a las autoridades a avanzar en políticas públicas que apuntan a una educación de calidad e inclusiva. La movilización estudiantil del 2006 -el recordado ‘Pingüinazo’- que pedía el fin de la LOCE, puso en jaque a varias autoridades. Un ejemplo más reciente fueron las protestas por gratuidad en la educación y el término del lucro, demandas que fueron finalmente escuchadas por el gobierno de la época.
Pero así como deben hacer sentir su voz, también se debe cuidar la forma de manifestarse. Y en este sentido, ninguna demanda justifica un acto de amedrentamiento contra los alumnos, profesores o personal de un colegio.
Y entendiendo que son minorías las que se esconden tras actos de carácter delictual, existe un amplio consenso en que este tipo de situaciones deben ser erradicadas de los establecimientos educacionales.
El proyecto de La Moneda apunta en su objetivo final a castigar con mayor severidad a quienes estén involucrados en actos de esta naturaleza y así proteger la calidad de la educación. La fórmula final para que este proyecto se transforme en ley tendrá que resolverse en el Parlamento, donde se deberán debatir aspectos claves que permitan conjugar el legítimo derecho a manifestarse sin afectar la calidad de la enseñanza, resguardar la seguridad al interior de los colegios y liceos; y la forma en que los alumnos expulsados podrán reinsertarse en otros establecimientos.
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