Este martes, el senador Alejandro García-Huidobro; y los diputados Javier Macaya e Issa Kort, llegaron hasta la Contraloría General de la República, donde denunciaron presuntos cambios de contrato y grados a funcionarios del Gobierno Regional de O’Higgins y del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Los parlamentarios acusan “amarres de contrato” de funcionarios de confianza del gobierno de Michelle Bachelet y aseguran que en los organismos públicos se dictaron resoluciones para personal a contrata eliminando la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, extendiendo sus contratos hasta el 31 de diciembre del 2018.
Tras la denuncia, desde la Intendencia de O’Higgins respondieron a los cuestionamientos, señalando que “todas aquellas prácticas de mejora de derechos sociales y laborales a favor de funcionarios a honorarios y a contrata, se han dado en el marco de las políticas de buenas prácticas laborales tratadas en conjunto con los dirigentes del sector público”, hechos que “no solo se han implementado en la región, sino que a nivel nacional”.
En este sentido, aseguran que “no se ha aplicado ningún aumento de grado en aquellos funcionarios a contrata, como lo denuncian los parlamentarios de Chile Vamos”.
Explican además, que “este año 2018 no se han suprimido cláusulas de funcionarios a contrata, aun cuando dicha facultad radique en la autoridad administrativa” y aseguran que “con posterioridad a la elección presidencial del año 2017, no se han llevado a cabo modificaciones en materia de personal”.
Desde la Intendencia explican que “el traspaso de funcionarios honorarios a contrata se realiza en el marco del anuncio realizado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su cuenta pública del año 2015, en relación a que no habrá más trabajadores que desempeñen funciones permanentes a honorarios en el Gobierno Central” y que “como es de conocimiento, en la Ley de Presupuesto para el año 2017, se concluyó en el artículo 24, una norma que autoriza traspasar hasta un total de ocho mil personas a honorarios hacia la calidad jurídica de personal a contrata (cuatro cupos autorizados al Gobierno Regional de O’Higgins para el año 2018). Medida con la cual se aumenta el presupuesto de contrata y se disminuye el de honorarios, determinaciones que fueron discutidas en ambas cámaras y posteriormente aprobadas”.
Desde la Intendencia lamentan “que producto de información errónea, existan requerimientos de este tipo, toda vez que las prácticas ejercidas en materia de contrataciones por este Gobierno Regional se han regido estrictamente a lo legal, a las facultades que otorga la ley y precisamente al sentido de dar cumplimiento a una política de buenas prácticas laborales”. Así aseguran que “respecto a la investigación que eventualmente llevará a cabo la Contraloría General de la República, dispondremos de toda la documentación y voluntad necesaria para que puedan determinar que nuestro accionar ha sido conforme a la ley y en atención a igualar derechos laborales que históricamente se han llevado a cabo en un escenario de desigualdad”.
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