Durante la semana pasada, el Gobierno realizó tres actividades en Antofagasta. Por la segunda región anduvo el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; el subsecretario de Vivienda, Iván Leonhardt; y la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Para algunos, estos tres actos fueron un guiño de La Moneda al candidato presidencial del oficialismo Alejandro Guillier. Incluso las críticas se lanzaron desde la Democracia Cristiana.
De todas formas, en particular esta situación no pasa más allá de la suspicacia por ser un año electoral, ya que podría ser mirada sin recelo si el senador no fuera candidato presidencial y acompañara –como es lo normal- las actividades de gobierno dentro de su circunscripción.
Pero no hay desconocer que el clima político en este sentido se pone cada más sensible acorde avanzan los días y se acercan las elecciones.
Y para evitar conflictos en el futuro, la Contraloría emitió un oficio donde imparte instrucciones principalmente a los funcionarios públicos, donde establece los impedimentos que tienen en el uso de recursos públicos o en la realización de actividades de campaña en jornada de trabajo, entre otras aclaraciones.
El mandato de Contraloría es propio de esta época electoral, que despierta suspicacias, y pretende aclarar cuáles son las reglas del juego.
No se puede desconocer que el gobierno tiene una tendencia política clara y públicamente conocida, y que muchos de sus funcionarios –especialmente los de confianza- siguen una línea similar.
Pero lo que la ciudadanía espera es que las actividades, actos, conductas y decisiones del gobierno, especialmente en estos meses previos a una elección, se lleven a cabo en base a las reales necesidades de los chilenos y en satisfacer sus demandas; y no en cálculos políticos electorales que podrían generar un descrédito gratuito a los últimos meses de la administración Bachelet.
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