“Son varios hechos y los montos en algunos casos son de $20 millones y en otros de 10 millones de pesos”, indicó el fiscal Carlos Fuentes.
Supuestas irregularidades en postulaciones a proyectos subvencionados con el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en cultura, deportes y seguridad pública, es lo que investiga la Fiscalía de Rancagua luego que la intendenta de O’Higgins, Morín contreras, denunciara los hechos durante el año recién pasado.
“Cuando asumimos el gobierno se nos solicitó a todos los intendentes hacer una revisión de las cuentas que recibíamos y, en ese contexto, nosotros detectamos algunas irregularidades en la temática del fondo del 2%. Esa información irregular nosotros no la calificamos de ninguna forma, sino que la presentamos al Ministerio Público para que pudiese ser analizada si constituía un delito o no”, manifestó Morín Contreras.
A esto, la autoridad regional agregó que “en este momento las ochos personas que están involucradas son desde dirigentes sociales, asesores de empresa que hacían proyectos para las organizaciones (…) Se investiga un fraude al fisco por postulaciones a fondos de manera irregular y que parte de los recursos entregados no habrían sido utilizados para los fines que fueron otorgados”.
Investigación de la Fiscalía
En agosto del 2014 llegó hasta la Intendencia el fiscal a cargo del caso, Carlos Fuentes, junto a personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) para incautar documentación, computadores y una serie de antecedentes que podrían acreditar las supuestas irregularidades gestionadas –aparentemente- en la administración anterior.
“Esta causa se inicia por una denuncia que hace la propia intendenta por un fraude que se habría realizado en alud de la adjudicación de fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del 2%”, indicó el fiscal, agregando que “luego de analizar la documentación habíamos llegado a la conclusión que había una serie de personalidades públicas y privadas que se habían coludido para defraudar al Estado”.
Si bien no hay un monto estimado en la defraudación, el fiscal explicó que “son varios hechos y los montos en algunos casos son de $20 millones y otros de 10 millones pesos”.
Las supuestas irregularidades habrían ocurrido entre el 2011 y principios de 2014 donde habrían participado ONG, juntas de vecinos, entre otros gestores públicos y privados.
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