Lo que comenzó como una transición administrativa en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Colchagua terminó convirtiéndose en uno de los escándalos de corrupción más graves del sistema educativo regional. El próximo 21 de julio de 2026, a las 10:00 horas, el Juzgado de Garantía de San Fernando será el escenario de la audiencia de formalización contra la antigua plana mayor del servicio, acusada de un fraude que supera los dos mil 200 millones de pesos.
La cronología del caso se remonta a febrero de 2022. Documentos internos revelan que el entonces director ejecutivo, Leonardo Fuentes Román, exseremi de educación y exsecretario general Cormun Rancagua, junto a su equipo de confianza, presionaron para pagar indemnizaciones a docentes y asistentes de la educación sin tener los fondos legalmente asignados.
A pesar de que el jefe de la División de Acompañamiento y Control Financiero de la Dirección de Educación Pública (DEP), Sebastián Uribe, advirtió inicialmente que no se podía utilizar «caja del año 2021 para pagar compromisos 2022», la urgencia de Fuentes por concretar las desvinculaciones se impuso. En un correo del 16 de febrero, Fuentes admitió: “ocuparé transitoriamente el saldo de caja y lo corrijo una vez que reciba la modificación presupuestaria”. Poco después, la advertencia de Uribe se suavizó, permitiendo el «descalce» que abriría la puerta al ilícito.
El informe de Contraloría
La investigación de la Contraloría Regional de O’Higgins (Informe 824/2022) fue el primer golpe de realidad. Se detectó que el SLEP utilizó recursos del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (FET) destinados exclusivamente a la crisis sanitaria para pagar indemnizaciones laborales.
En lugar de devolver los saldos no utilizados a las arcas fiscales, como ordena la ley, la dirección del SLEP giró 275 cheques por un total de $2.215.432.290 antes de que existiera la resolución que autorizaba el gasto. Para intentar «blanquear» la situación, se emitió un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria presuntamente falso el 28 de marzo de 2022, casi un mes después de que los cheques ya hubieran sido cobrados en una notaría de San Fernando.
La «gestión desleal» y el cambio de causales
La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es tajante: no solo se usó dinero prohibido, sino que se alteraron las causales de despido para beneficiar a personas que no tenían derecho a indemnización. El CDE detectó 80 casos donde se cambió la causal de «término de plazo» (sin indemnización) a «supresión de horas» para generar pagos improcedentes por más de 85 millones de pesos en daño patrimonial directo.
El CDE califica esto como una «administración desleal», donde los funcionarios públicos, obligados a proteger el patrimonio del Estado, actuaron deliberadamente en su contra.
La cita con la justicia
Fue el CDE quién presentó solicitud para forzar la formalización, recordar que en enero 2025 el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, indicaba que se continuaba la investigación “a la espera de los informes y peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) para tomar una decisión sobre la formalización de los imputados”.
El CDE subraya que la inactividad del Ministerio Público estaba poniendo en riesgo la justicia para el Fisco. El 21 de julio, Leonardo Fuentes y sus cuatro colaboradores más cercanos deberán responder ante el tribunal por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público
Leonardo Fuentes Román: Quien se desempeñaba como Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Colchagua.
Vanessa Elena Valenzuela Allende: Exjefa de Gabinete.
Carlos Arturo Poblete Lagos: Quien ocupaba el cargo de Subdirector de Administración y Finanzas.
María Lucy Gutiérrez Osorio: Identificada como Jefa de Finanzas o encargada de contabilidad.
Paola Macarena Jiménez Herrera: Encargada de Gestión de Personas o Remuneraciones.
A este grupo de personas se les imputa la calidad de autores del delito de fraude al fisco, por su presunta participación en una «administración desleal».
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