Un complejo escenario se aprecia en el mercado laboral de la Región de O’Higgins, tras el 8,5% en que se ubicó la desocupación durante el trimestre móvil febrero-abril de 2026. Esta cifra marca un aumento de 1,0 punto porcentual en doce meses, arrastrado por una contracción de 9.630 puestos de trabajo y una caída drástica en las plazas laborales formales. En este panorama, el 30,2% de la ocupación informal se consolidó como el principal refugio para las familias de la región, superando en 3,4 puntos porcentuales al indicador nacional (26,8%).
De acuerdo con el último Boletín Estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de ocupados regionales descendió a 453.133 personas, anotando una baja interanual del 2,1%. La destrucción de empleo protegido estuvo liderada por el sector de la Minería, con un retroceso del 35,5%, seguido por la Administración Pública con una merma del 15,5%. Como contraparte a la pérdida de puestos asalariados formales, los trabajadores informales sumaron 136.787 personas, equivaliendo a un crecimiento del 11,9% en doce meses.
En su informe sectorial, el INE detalló además que las brechas de género y edad se agudizaron en la zona. La desocupación femenina regional escaló a los dos dígitos con un 10,1%, cifra que llegó hasta el 11,2% en la provincia de Cachapoal. En tanto, las personas de 15 a 34 años concentraron el mayor impacto por tramo etario, registrando una reducción del 10,0% de sus ocupados en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Al evaluar el deterioro de estos indicadores, el ex seremi de Economía, Darío García, señaló que las cifras actuales constituyen «un potente y urgente llamado a la acción colectiva» y analizó los desafíos de la administración actual. Según el economista, actualmente se observa una «dinámica de gobierno que tiende a ser bastante más centralista, lo que muchas veces rigidiza la toma de decisiones en regiones», advirtiendo sobre la necesidad de otorgar mayor autonomía a los instrumentos locales para contener la precarización.
Respecto a la vulnerabilidad detectada en mujeres y jóvenes, García explicó que las soluciones de fondo requieren el avance de reformas estructurales en el Congreso, como la ley de sala cuna universal. Mientras estas herramientas se materializan, sugirió que la respuesta inmediata debe focalizarse en la intermediación de la mano de obra disponible: «Mi acción inmediata sería potenciar al máximo el puente técnico con las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) de la provincia de Cachapoal».
Finalmente, el análisis anticipa un segundo semestre complejo en las tres provincias, debido a factores macroeconómicos restrictivos como la contracción del 1,2% en el IMACEC de abril y el ajuste a la baja del PIB nacional por parte del Banco Central, donde la reactivación del empleo formal dependerá estrictamente de la velocidad de ejecución presupuestaria en la zona.
«El desafío para el segundo semestre en O’Higgins es que el gasto fiscal y los proyectos de infraestructura regional ya aprobados se ejecuten con máxima celeridad para reactivar las economías comunales y reactivar la contratación«, concluyó García.
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