El proyecto de alcantarillado de Puente Negro ha alcanzado un hito decisivo, según confirmó el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, tras recibir la Reevaluación Favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso).
El Mideso no solo reevaluó la iniciativa, sino que también ajustó la cantidad de recursos necesarios para su ejecución, otorgándole la Resolución Satisfactoria (RS).
Condición crucial para la aprobación de recursos
A pesar del optimismo del gobernador, quien ve «el vaso medio lleno», la aprobación final de los recursos está supeditada a una condición fundamental impuesta por el Mideso: la resolución e inscripción de la servidumbre de paso para realizar la obra. Este proceso es responsabilidad del equipo jurídico de la Municipalidad de San Fernando.
El gobernador explicó que la fase de aprobación de recursos ya ha sido instruida para pasar a la Comisión Social y de Seguridad Pública del Consejo Regional (CORE), que preside el consejero José Ignacio González. El CORE podría adelantar el consejo y aprobar los recursos durante este año.
Sin embargo, esta aprobación será estrictamente condicionada a la adjudicación y a la resolución total de los impedimentos de paso. De hecho, la condición es categórica: no se invertirá «ni un peso antes que esté resuelto absolutamente la servidumbre».
La importancia de la servidumbre
Este requisito es crucial porque un tramo de la alcantarilla debe pasar por un terreno particular. Si la obra avanza sin la debida expropiación o compra del terreno, corre el riesgo de quedar incompleta e imposibilitada de continuar, tal como ocurrió en un proyecto anterior.
La municipalidad es la encargada de resolver esta situación mediante un acuerdo de expropiación o compra, una gestión que está siendo abordada por el equipo jurídico municipal. Una vez que el municipio demuestre que los pasos necesarios están inscritos y resueltos, se podrá otorgar la autorización para la adjudicación de la empresa correspondiente.
La propuesta de financiamiento será revisada por comisión del CORE —que tiene autonomía para decidir si sesiona en Puente Negro— y luego pasará al plenario para su aprobación o rechazo definitivo. El objetivo es agilizar los tiempos, ya que la comunidad es la principal afectada y debe estar conforme con la gestión.
En términos económicos, el proyecto representa una gran inversión. El costo total de la obra sanitaria ascenderá a $16.000 millones de pesos. Dado que ya se han pagado cerca de $4.000 millones, la inversión restante requerida es de aproximadamente $12.000 millones de pesos.
Comisión velará por los vecinos
Consultado sobre la reevaluación, el presidente de la comisión social y de seguridad pública, José Ignacio González, señaló que, «como comisión hemos dado muestras y señales concretas de que nuestro interés son los vecinos. Hemos ido en reiteradas oportunidades a sesionar a Puente Negro, y nuestro compromiso es que el proyecto se ejecute bien, y que toda la documentación esté al día».
Y agregó, «Aún no tenemos información oficial y cuando la recibamos nos coordinaremos para estudiar y evaluar, y seguramente iremos nuevamente a Puente Negro, pero reitero, nos preocupa que el proyecto se ejecute bien, para que los vecinos puedan vivir dignamente.»
Comunicación municipal incompleta
El alcalde Pablo Silva Pérez fue este jueves a Puente Negro, para reunirse con los vecinos y en sus sus redes sociales municipales informaron, «Este jueves, el alcalde Pablo Silva Pérez llegó hasta la localidad de Puente Negro para informar a las vecinas y vecinos que, tras el trabajo encabezado por nuestra Secplan, la re-evaluación del proyecto de alcantarillado obtuvo Recomendación Favorable (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto significa que Mideso revisó el proyecto y confirmó que está correctamente formulado, entregando la luz verde necesaria para que pueda recibir financiamiento.»
No obstante, omitió informar que el financiamiento está estrictamente condicionado a la inscripción de las respectivas Servidumbres de Paso por parte del equipo jurídico de la municipalidad, un proceso que ante el Conservador de Bienes Raíces no se resuelve en plazos cortos.
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