El otro estallido

En octubre de 2019 el país vivió un convulso estallido social con inusitados brotes de violencia generalizada y una anomia social sin precedentes en nuestra historia republicana.

En ese entonces se repitió la frase “Chile despertó”, sin embargo, más que la ciudadanía, quienes debían despertar era una clase política completamente desconectada de la realidad y un marco institucional simplemente superado por la historia.

Hoy el país vive peores condiciones económicas y sociales que el 2019, y muchos se preguntan por qué no hay un nuevo estallido social, sin embargo, hay otra condicionante que, a pesar de estar en el primer lugar de las prioridades de la ciudadanía, es invisibilizada por la autoridad como una variable social potencialmente peligrosa para la estabilidad del país; la seguridad, o más bien la inseguridad ciudadana.

Frecuentemente se señala que la percepción ciudadana en la materia está influenciada por la exacerbación que del tema realizan los medios de comunicación. Sin embargo, las recientes polémicas por las cifras de delincuencia entre el gobierno y el ministerio público, así como diversos estudios independientes han confirmado un aumento sostenido de ésta, con el agravante de que los delitos violentos representan un inaceptable porcentaje de ese incremento.

Pero la realidad es incluso más profunda y compleja que eso, la sensación de indefensión y desgobierno que recorre nuestras calles va minando el ánimo de la ciudadanía, que ve, con estupor, como la impunidad se normaliza y la autoridad es casi otro espectador del flagelo que consume la esperanzas de un pueblo. Ese proceso de degradación institucional e ineficiencia es caldo de cultivo para un eventual nuevo estallido, quizás menos violento, pero no menos grave para la estabilidad democrática.

La ciudadanía puede volcar sus desesperadas  ilusiones en un liderazgo autoritario y populista que se aproveche de los instintos básicos de venganza, xenofobia, y encuentre en el populismo penal la herramienta para vulnerar los derechos fundamentales de las personas, o bien puede tomar en sus manos la aplicación de una justicia vindicativa y ambos escenarios ponen en riesgo nuestra democracia y nuestra estabilidad institucional.