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Millonarias licitaciones cuestionadas: Alcalde de San Vicente enfrenta querella por fraude al fisco y cohecho

MIÉRCOLES, 5 DE MAYO DE 2021
Publicador por

Danya Ríos

Periodista El Tipógrafo

Se pone en tela de juicio una seguidilla de adjudicaciones de licitaciones municipales a un único contratista que suman más de 2 mil 300 millones de pesos.


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Una querella por cohecho, fraude al fisco y sobornos presentaron los concejales de San Vicente de Tagua Tagua, Guido Carreño y Rosa Zacconi, en contra del alcalde de la comuna Jaime González (cohecho y fraude al fisco) y contra el empresario contratista Ramón Guzmán (sobornos), en el grado de autores de delitos consumados.

En el documento legal al que tuvo acceso El Tipógrafo los querellantes relatan que Guzmán “se ha adjudicado como persona natural, desde Enero de 2017 hasta Diciembre de 2020, a lo menos, 15 contratos licitados con la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, los que en sumatoria equivalen a $2.304.827.375 millones de pesos”.

Agregan que esta serie de licitaciones se las ha adjudicado “coincidentemente” mientras González ha estado en el cargo de jefe comunal y que desde el año 2017 Guzmán ha sido “en su mayoría único oferente”.

Particularmente en la querella se cuestiona la licitación denominada “Suministro de Mano de Obra Recolección Basura” presentada en agosto del año pasado, la que fue adjudicada a Ramón Guzmán pese a que no cumpliría los requisitos básicos técnicos de la licitación.

Se menciona, por ejemplo, que no cumple con el requisito de estar constituida como una empresa de servicios transitorios. También que la adjudicación a Guzmán supuso un sobrecosto de $120 millones para el municipio considerando la oferta de menor valor. Y que se le otorgaron más puntos para obtener el contrato por haber sacado su patente en San Vicente, lo que se califica de “conducta discriminatoria, arbitraria e ilegal”. Estos puntos entre otros más de incumplimiento que señala la querella.

El aludido Ramón Guzmán fue consultado por diario El Tipógrafo respecto a su versión sobre las imputaciones de los concejales pero prefirió no referirse al tema.

La concejala Rosa Zacconi, querellante en la causa, explica que el contrato cuestionado pasó por el concejo municipal, donde ella junto con Careño lo rechazaron al tener una serie de consideraciones de índole técnico.

“En las bases se aplicaban algunas acotaciones que, sin ser ilegales, sí podían favorecer a una empresa de San Vicente versus otra de otros lugares, cosa que no se ha utilizado ni antes ni después, nunca se había hecho, y se hizo solo en esta oportunidad”, manifiesta.

Señala que la decisión de querellarse es porque “la cantidad de contratos que hay merece que se haga una investigación y ya nos supera a nosotros, porque los datos nosotros los ponemos en Contraloría, pero la verdad es que esto nos superaba”.

Consultada sobre lo que buscan presentando la acción judicial, es clara en señalar que es “transparencia de verdad, que se transparenten estos recursos. Cuando uno pone una querella lo que está pidiendo es que un ente externo investigue y diga si tenemos o no tenemos razón”.

“Porque no podríamos no tenerla y que todo esto esté absolutamente fundamentado y tenga, entre comillas, legalidad, pero ¿y si es la punta del iceberg? Esto afecta a toda una comuna, esto podría estar lesionando las arcas del municipio”, apunta la concejala Zacconi.

Diario El Tipógrafo se contactó con el alcalde Jaime González para conocer su versión de los hechos, quien respondió: “No me referiré al respecto”. Agregó que “solo comentar que esto es parte de la campaña política de desprestigio que está haciendo el candidato UDI, Guido Carreño”.

Denuncia por posibles irregularidades en la Corporación de Educación

Además de los hechos anteriormente descritos, Rosa Zacconi y Guido Carreño presentaron el 27 de abril una denuncia en fiscalía en contra de la Corporación de Desarrollo Municipal y también contra quienes resulten responsables en posibles irregularidades ocurridas en la Corporación de Educación de la comuna, la que preside el actual alcalde, Jaime González.

El abogado René Ponce Arce dijo que se presentaron todos los antecedentes para que el Ministerio Público inicie la investigación respectiva y las responsabilidades sobre la suma de 5 mil millones de pesos que no estarían acreditados, entre los que destacan algunos “bonos ilegales” pagados directamente a una funcionaria de la Corporación, Susana Pavez, la que además es la actual pareja del alcalde, según indican los denunciantes.

Estos montos no acreditados pertenecerían a la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) que otorga recursos del Estado en favor de mejor la calidad y equidad en los establecimientos educacionales para todos los alumnos prioritarios.

“La información pedida por Transparencia el año pasado llegó recién este año, mostrando irregularidades en la entrega de bonos sobre todo de la Ley SEP y, entrando en profundidades, más de 5 mil millones que no están acreditados”, aseguró la concejal Zacconi.


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