Ante las pocas posibilidades de avanzar en el Congreso, el Gobierno busca otras fórmulas para aplazar la elección de gobernadores regionales. “El gobierno presentó una indicación para suspender las elecciones de abril hasta noviembre y hacerlas coincidir con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Eso necesitaba tres quintas partes de los votos del parlamento, porque es reforma constitucional, y se anunció el rechazo por parte de los parlamentarios y el Gobierno se vio obligado a retirar la indicación”, dice el abogado constitucionalista José Antonio Ramírez.
El Ejecutivo, a través del ministro de la Segpres, Cristian Monckeberg, desistió de presentar este miércoles la propuesta que permitiría la postergación de la elección de gobernadores regionales para noviembre de 2021, ante la comisión mixta del Congreso que revisa el proyecto de ley para levantar las inhabilidades de consejeros regionales para postular a otros cargos.
Ya hay 19 senadores que se oponen a ese cambio, con lo que la pista es compleja para el Ejecutivo si insiste en el aplazamiento. “Por tanto, sigue la fecha prevista para la elección el 11 de abril”, afirma el jurista.
A juicio de José Antonio Ramírez “es imprescindible que los gobernadores sean elegidos el 11 de abril junto con los alcaldes, concejales y constituyentes, porque así los gobernadores acompañan el proceso constitucional. Los constituyentes se eligen en abril, asumen en mayo de 2021, y ahí lo fundamental es que la máxima autoridad elegida de la región acompañe al proceso constituyente”. Lo importante, subraya, es que esto se haga “con recursos, porque el financiamiento de las regiones no está garantizado hoy día en la Constitución, depende del Gobierno central”.
En cuanto al plebiscito del 25 de octubre el abogado constitucionalista se refiere al número de electores que pueda participar ese día, sobre todo en el contexto de pandemia y como una forma de calibrar la validez del resultado. En este sentido recuerda que para “la elección presidencial fue menos del 50% de la gente la que fue a votar; así fue en las últimas dos elecciones. En el plebiscito, según las encuestas, estaría yendo a votar no menos del 60 o 70 por ciento del electorado”.
Ramírez aclara que “la Constitución no establece ningún mínimo de votación, ahora, lo que aspiramos para que aún en tiempos de pandemia haya una mayor legitimidad del proceso constituyente es que supere el 50% de votación. Es un número relevante del país para legitimar el proceso”.
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