El pasado 1 de abril fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera la Ley de Protección al Empleo, que tiene como finalidad resguardar los ingresos y el vínculo contractual entre el empleador y los trabajadores permitiendo acceder al seguro de cesantía en este periodo de emergencia debido a la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo a cifras entregadas desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a nivel nacional son 66.573 empresas las que se acogido a la ley, lo que se traduce en 516.826 trabajadores con el contrato suspendido. En tanto en la región de O’Higgins son 1.600 empresas las que han solicitado los beneficios de esta normativa.
«Esto implica en la práctica que los trabajadores pueden acceder a las prestaciones del seguro de cesantía sin perder los beneficios de la relación laboral, tal como la antigüedad o el derecho a las vacaciones”, explica el seremi de Trabajo, Federico Iglesias.
La autoridad detalla que con este número de empresas que se han acogido a la ley “son 10.300 puestos de trabajo que se han suspendido, que no se les ha puesto término, por lo tanto, cuando pase este periodo de emergencia debiesen reactivarse o volver a su normalidad”.
“El objetivo que tiene la ley es de proteger el empleo”, enfatiza el seremi reiterando que busca, “por un lado mantener las relaciones laborales vigentes, es decir que no se les ponga término a los contratos de trabajo por parte de las empresas durante este periodo de emergencia (…) y por otro lado es que los trabajadores puedan seguir recibiendo ingresos durante este periodo de emergencia”.
“Es decir se conjugan dos temas que son fundamentales, que es que los contratos de trabajo se mantengan y por otro lado que el trabajador siga recibiendo ingresos”, destaca el seremi.
Es por esto que la autoridad del trabajo advierte que el mal uso de esta ley será castigado: “Si una empresa independiente del tamaño que tenga ha mantenido los ingresos durante este periodo, no se ha visto afectado y se acoja a esta ley se van a aplicar las sanciones que correspondan que son muy gravosas”.
“Las penas van de 3 a 5 años de cárcel así como la obligación de restituir la totalidad de lo que indebidamente se haya percibido aumentado en el doble y también la prohibición de contratar con el Estado, en este sentido va haber un registro público de las empresas que se hayan acogido”, afirma Iglesias.
Por otra parte el seremi informa que las empresas que se vean en la necesidad de acogerse a ley tienen plazo durante los 6 meses desde su promulgación.
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