Experto detalla alcances del estado de catástrofe por coronavirus: “Está en juego la responsabilidad política de ejercer la correcta dirección pública”

Hace algunos días y frente a la expansión del coronavirus, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción de catástrofe para todo el país, el cual permite, entre otras facultades, restringir ciertos derechos constitucionales como la libre circulación por el país y la libre reunión. De acuerdo al primer mandatario, la decisión “tiene como objetivo anticiparnos y prepararnos para las etapas que vienen en esta pandemia”.

“Conforme  a la Constitución Política en sus artículos 41 y 43, el presidente puede restringir las libertades ambulatorias, esto es, para trasladarse de un punto a otro del país en locomoción, limitar el derecho de propiedad, requisar bienes, y dictar medidas administrativas extraordinarias que considere necesarias ante la pandemia”, según explicó al respecto el abogado en Derecho Constitucional, José Antonio Ramírez.

De acuerdo al profesional, las medidas adoptadas tienen el total amparo constitucional, frente a lo que se hace necesario para las autoridades a cargo “ocupar la discrecionalidad debida”. 

“El mérito, la oportunidad, la eficiencia, la eficacia dependen de cada acto que realizan las autoridades competentes. Los actos de las autoridades, cada uno de ellos, se juzgan según estos principios. Para el gobierno está en juego la responsabilidad política de ejercer la correcta y necesaria dirección pública ante la crisis del coronavirus. El éxito en la toma de decisiones se evalúa conforme a la consecución de los objetivos que autorizaron al gobierno adoptar las medidas excepcionales”, señaló Ramírez.

En este escenario, el abogado explicó que entre los derechos constitucionales que se podrían ver afectados están la actividad económica; la propiedad de bienes; la libertad de circulación, considerando toques de queda, cierres de perímetros comunales o de ciudades que pueden limitarse o restringirse, entre otras medidas administrativas.

“De esta manera, las empresas pequeñas, medianas y mayores pueden ser afectadas en su normal desarrollo. Así por ejemplo, puede limitarse la venta de productos para evitar el acaparamiento, establecer precios máximos, limitar el ingreso de personas a los locales al mismo tiempo,  obligar medidas sanitarias dentro de cada recinto, etc”, indicó.

En torno a la mantención de la cadena productiva en estado de catástrofe, Ramírez detalló que “aquí está en juego el principio de la proporcionalidad y la obtención o consecución de la dirección política adoptada. Esta pandemia tiene la característica, según la OMS y los expertos sanitarios, de propagarse ante el acercamiento de las personas, en una aglomeración, por ejemplo. De esta manera, el trabajo debe cumplir con los requisitos de distancia que prescribe la autoridad. Para ello, el teletrabajo es una buena herramienta pero claro, no todos gozan de este instrumento digital o bien las actividades productivas no lo permiten al menos por ahora, al pensar por ejemplo en la agricultura, la construcción o los servicios alimenticios”.

En tanto, el abogado constitucionalista especificó los alcances que este decreto puede llegar a tener sobre el derecho de propiedad, donde detalló que “efectivamente, como he mencionado, las autoridades competentes pueden requisar bienes, o limitar la propiedad, y esto está ocurriendo con los hospitales privados, con medios de transportes, con proveedores de suministro sanitarios”.

Por último, José Antonio Ramírez se refirió a los alcances económicos que esta crisis puede tener tanto en el corto como en el largo plazo, señalando que “en general  se impactará toda la economía nacional, al igual que en el resto del mundo”. 

“El PIB caerá drásticamente, el shock del ministro de Hacienda inyectando más de 11 mil millones de dólares ayudará en parte, y se logra gracias a una economía chilena sana respecto de otros países del orbe. Pero, claramente, debemos ser inteligentes en cada rubro para negociar con cada trabajador las formas de mantener los empleos, reorientar las actividades. Son momentos duros que requieren de la mayor generosidad y solidaridad de todos los sectores productivos, así como de la banca e instituciones financieras”, cerró el abogado.