El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, en su calidad de fiscal instructor, culminó la investigación que le ordenó la Corte Suprema en contra de dos funcionarios del poder judicial y emitió el informe final en el cual propone sanción para ambos por infracción a los principios de probidad y ética judicial.
Se trata de funcionarios de los juzgados de Garantía de Rancagua y Peumo.
“Los hechos de la investigación se estimaron que pueden ser constituidos de delitos ampliándose la prescripción administrativa a 5 años. Las sanciones propuestas son las más graves que establece el código orgánico, esto es la suspensión por cuatro meses con goce de medio sueldo y la solicitud de un cuaderno de remoción”, expresó el ministro Caro.
La instancia siguiente es que el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones conozca de la propuesta final contenida en el informe. “Esto supone una relación por parte de la relatora de pleno de esta Corte más los alegatos de los abogados de los funcionarios afectados”, puntualizó el presidente del tribunal de alzada.
En el marco del debido proceso y las garantías de los investigados, la autoridad judicial explicó que sus nombres y cargos solo serán informados una vez que terminen los recursos procesales y la resolución final quede ejecutoriada.
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