Al principio el movimiento ciudadano no contemplaba entre sus exigencias la promulgación de una nueva Constitución Política para el país, si bien el tema era recurrente entre intelectuales y políticos de centro izquierda, la ciudadanía en general veía el cambio de Constitución como algo ajeno a los males de su diario vivir. Sin embargo, con el correr de los días y luego de demandar en las multitudinarias marchas soluciones a sus problemas más urgentes como: seguridad social, educación y salud, entre otras cosas, se comenzaron a dar cuenta que ninguna de sus demandas serían posibles si se mantenían los principios individualistas, subsidiarios y neoliberales que contemplan la actual Constitución.
En consecuencia, el cambio a la Constitución no es producto de un antojo de una parte de la sociedad, o por su origen durante la dictadura de Pinochet y el poco transparente plebiscito para aprobarla. Es una necesidad prioritaria para lograr los cambios que la sociedad demanda. Si la derecha se resiste a un cambio constitucional es la mejor señal que es necesario hacerlo, ya que este sector político siempre ha defendido los intereses de los poderosos, aunque en su discurso digan que están preocupados de los más vulnerables. Sus soluciones se asemejan más a la caridad que a la solidaridad.
Sin embargo, la Nueva Constitución debe surgir del debate y aportes de la ciudadanía organizada, sin excepción alguna, junto a las instituciones que contempla el régimen republicano. El nombre de esta Constituyente es lo de menos, lo que no debe ocurrir es que esta Constituyente se convierta en un nuevo poder del Estado y se empodere como un Parlamento paralelo como ha ocurrido en otros países.
Muchos simpatizantes de la Izquierda ven en la formación de las Constituyentes una oportunidad para imponer sus viejas consignas estatizadoras u otras añejas y fracasadas políticas socializantes. Lo que requerimos es una Nueva Constitución, (la actual no resiste más parches) es que sea democrática, solidaria, que garantice los derechos de todas las personas, la seguridad social, salud y educación gratuita y de calidad. El derecho a vivir en un medio ambiente saludable, que evite la privatización del agua y de nuestros principales recursos naturales, con instituciones que velen por el bienestar de todos los ciudadanos. Por lo tanto, la participación en los cabildos e instancias que cree el proceso constituyente es un deber que tenemos todos los ciudadanos que creemos en la democracia sin apellidos y que no estamos dispuestos a que minorías extremistas se adueñen de él.
José Álvarez Lara
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