Hace unas semanas atrás, Rancagua se conmovió por el caso de un niño de 7 años, estudiante del colegio Manso de Velasco, que habría sido abusado sexualmente por el inspector del establecimiento, un hombre de 60 años, a quien poco le importó la condición autista del pequeño. La agresión habría ocurrido al interior del recinto.
Tras la denuncia, la familia del menor buscó apoyo y contactó al diputado Raúl Soto, quien expuso el caso ante la comisión de Familia de la Cámara Baja.
Según lo manifestado por el parlamentario, este hecho generó una preocupación generalizada y unánime de todos integrantes de la instancia, especialmente porque se busca aclarar por qué las autoridades “permitieron que el sujeto acusado de violación a un menor con capacidades diferentes permaneciera en el colegio, en el ejercicio de sus funciones durante más de 20 días, una vez que el colegio a través de su familia tenía conocimiento de esta situación”.
Soto manifestó que esto es una falta al sentido común, porque se pone en riesgo a toda la comunidad educativa.
“Esto habla de la mala aplicación de protocolos por parte del colegio avalados por el municipio y por la Cormun, en una situación que debe ser revisada de manera tal que, primero, se asuman las responsabilidades administrativas -si es que efectivamente hubiera algún error-. Segundo, es una situación que se debe corregir a futuro para que no suceda”, señaló el parlamentario.
Asimismo, anunció que la instancia citará al alcalde Eduardo Soto, aunque aún no hay fecha para tal situación: “El presidente de la comisión va a cursar la invitación al alcalde de Rancagua para que en la comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados, rinda cuenta de los procedimientos administrativos que bajo su actuación como sostenedor, la Cormun y la directora del colegio procedieron en este caso en particular”.
Por su parte, Juan Ramón Godoy, consejero regional y ex Superintendente de Educación recalcó que es de vital importancia que exista una investigación profunda del caso: “Es importante y lógico que haya una separación de funciones de la persona que está siendo investigada y que el colegio pueda darle todas las garantías al joven para poder continuar con un proceso escolar como establece la ley”.
“Actualmente nuestra legislación y la Superintendencia, lo que fiscaliza son los protocolos, exigen que estos existan con respecto a varias temáticas, entre ellas lo que es la violencia escolar. Me parece que el cambio de fondo que debe existir hoy día en términos de la fiscalización, es un cambio cultural profundo con respecto al resguardo y protección que debemos tener con los niños y niñas que están actualmente en el sistema escolar”, destacó Godoy.
El consejero regional enfatizó que la Superintendencia de Educación debe hacer un enorme esfuerzo, en conjunto con el ministerio de Educación para realizar una inversión importante en programas que tengan relación directa con la prevención de la violencia escolar y, entre ellos, la prevención del abuso de un menor.
“A nivel legislativo es importante, que se puedan elevar las sanciones contra aquellas personas que abusen de niños y niñas en un establecimiento educacional, pero que exista diferenciación contra aquellos que estén abusando de niños con discapacidad porque lo hace un hecho aún más grave”, concluyó Godoy.
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