La situación migratoria en el país tiene diversas aristas relevantes de examinar, que van más allá de lo que puede estar ocurriendo en un momento determinado. En ese sentido, uno de los ámbitos que se ven tensionados es el sistema escolar.
En el caso de Chile, en los últimos años han ido incorporándose estudiantes de diversas procedencias, lo que se traduce en la necesidad de que un número significativo y creciente de niños, niñas y adolescentes, sean incluidos en las escuelas. Esta realidad da cuenta de que la migración es un fenómeno que genera nuevos desafíos y tensiones para el desarrollo de nuestro país.
En ese contexto, la legislación señala que toda persona tiene derecho a la inclusión en el sistema escolar, lo cual se condice con los lineamientos y recomendaciones que operan a nivel internacional sobre el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental.
Lo anterior se encuentra reflejado, entre otros documentos, en la Ley de Inclusión 20.845, donde se establece no sólo que todas las personas tienen derecho a acceder al sistema escolar, sino que también deben ser reconocidas y respetadas en sus particularidades. Sin embargo, frente a esos lineamientos, la investigación en educación y migración sostiene que en los establecimientos prevalecen prácticas de tipo asimilacionistas.
La asimilación se refiere a la presión impuesta -exteriormente o autoimpuesta- a que las personas migrantes adquieran formas de ver y hacer propias las que vive la sociedad anfitriona, anulando así la diversidad y por ende la inclusión. Además, se observan relaciones sociales de tipo racistas y discriminatorias.
Frente a este estado de cosas resulta esencial el desarrollo de políticas educativas que permitan abordar la cuestión migratoria en el sistema escolar.
Estas políticas deben orientarse a que todos los estudiantes, independiente de su condición de nacionalidad, puedan acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Además, se debe avanzar hacia una educación realmente inclusiva donde la diversidad sea reconocida en su valor. De hecho, la evidencia muestra que la diversidad es positiva para las sociedades pues expone a los sujetos a nuevas visiones de mundo y tradiciones, lo cual permite ampliar su perspectiva.
Es necesario destacar que el desarrollo de este tipo de políticas aportará al desarrollo de una sociedad más inclusiva, donde todos los miembros de la comunidad sean reconocidos y valorados en su dignidad como seres humanos.
David Martínez, docente investigador de Trabajo Social, U. San Sebastián
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