Estas son las principales conclusiones de la comisión investigadora por el ‘Caso Jueces’

Publicado el 4 septiembre, 2019 Por Norelis Vilchez

Estiman que los sistemas de nombramiento en el poder judicial merecen una inmediata y urgente revisión y reforma.

Tras el escándalo que remeció a la Corte de Apelaciones de Rancagua por la investigación iniciada contra los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, el pasado 17 de abril se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para determinar las responsabilidades políticas al respecto.

A esta instancia fueron invitados y citados autoridades del Ministerio de Justicia, de la Corte Suprema y hasta el senador Juan Pablo Letelier (quien no atendió al llamado), para conocer de parte de las autoridades involucradas qué actos dieron pie a esta investigación de la que hoy resultaron removidos dos magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Incluso una sesión se realizó en Rancagua, donde fue citada la seremi de Justicia, Bárbara Perry, y en la que atendieron denuncias de particulares que de alguna forma se sintieron “afectados” por decisiones tomadas en las salas donde emitían fallos los cuestionados ministros. Posterior a ello, el diputado por la región, Juan Luis Castro, también hizo llegar antecedentes del nombramiento de notarios en O’Higgins  y su vinculación con las salas de la Corte de Apelaciones donde se tomaban las decisiones sobre su designación.

Por su parte, el senador Letelier  no asistió a la comisión ni respondió las preguntas que le fueron enviadas por escrito.

Este miércoles, se dieron a conocer detalles del informe final emitido por este grupo de parlamentarios.

Una de sus conclusiones señala que los actos de corrupción cometidos por los ministros (hoy removidos) de la Corte de Apelaciones de Rancagua, son de extrema gravedad, puesto que atentan contra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, y la debida administración de justicia.

Señalan que la investigación desarrollada por la ministra, Rosa María Maggi, plasmada en su riguroso informe final, constituyó un tajante rechazo de estas conductas al interior del Poder Judicial, lo que fue ratificado por la Corte Suprema al remover a estos funcionarios judiciales, por lo que la comisión valora esa decisión.

Concluyen que los sistemas de nombramiento de los ministros de tribunales superiores de justicia, auxiliares de la administración de justicia (notarios, conservadores, etcétera) y también de los fiscales del Ministerio Público, merecen una inmediata y urgente revisión y reforma, puesto que han demostrado tener carencias desde el punto de vista de su formación y control.

La instancia estima que, teniendo presente lo planteado por la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, las atribuciones de administración que tienen los jueces merecen una importante revisión.

También concluye que debe regularse de forma rigurosa y exhaustiva el denominado “lobby judicial”, esto es, las reuniones que tienen senadores con terceras personas mandatadas por un candidato que busca un nombramiento cuya ratificación depende del senado. Lo anterior por cuanto estas audiencias generan espacios de influencias indebidas, poco transparentes, encontrándose en el límite del marco normativo, pudiendo generar intromisiones inadecuadas de influencias políticas en los nombramientos que deben ser ratificados por el senado.

En el contexto anteriormente establecido, se concluye que el Ministerio de Justicia actuó conforme a derecho y oportunamente respecto de la recepción y posterior remisión de parte de la Secretaria Regional Ministerial de O’Higgins al poder judicial, de graves antecedentes que daban cuenta de posibles hechos de corrupción que se habrían cometido en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

La comisión estima que la atribución que tiene el poder Ejecutivo de “velar por la conducta ministerial de los jueces” no puede vincularse únicamente con visar los nombramientos judiciales ya aprobados por el Poder Judicial, debiéndose dotar de mayor contenido a la norma mientras esté vigente.

Destaca además, el informe de la ministra Maggi, donde se consignó que “diversas declaraciones de fiscales judiciales, relatores y funcionarios revelan una estrecha vinculación entre los ministros, en especial Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez con el secretario Hernán González, quienes mantienen un trato informal y muy coloquial dentro de la corte, refiriéndose particularmente a la cercanía de este último con el senador Letelier, lo que a ojos de los funcionarios puede percibirse como un exceso de poder, generando divisiones entre ellos que dificultan las relaciones laborales.”

En torno a ello concluyen  que un parlamentario no puede concebirse jamás como sujeto activo en los términos de la Ley de Lobby, toda vez que puede generar intromisiones inadecuadas de influencias políticas en lo nombramientos que deben ser ratificados por el senado.

Noticias Relacionadas