En agosto del año pasado el diputado Raúl Soto, junto a la bancada DC y otros parlamentarios de oposición ingresaron un requerimiento en la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre lo que calificaronn como “un irregular e indebido uso de las redes sociales de cuentas institucionales del Gobierno, denostando la labor parlamentaria, mintiendo y tergiversando la realidad en torno a lo ocurrido por el salario mínimo”.
El documento de 14 páginas -firmado por los diputados Raúl Soto, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi y Mario Venegas- explica que tras conocerse el resultado de la votación, tanto en las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo como en la Cámara de Diputados, distintas autoridades de gobierno utilizaron plataformas de redes sociales institucionales -como de las intendencias o gobernaciones- para referirse a lo ocurrido.
Este jueves 4 de julio el ente regulador dictaminó que tal uso es “absolutamente indebido y se encuentra al margen de la ley”. El documento establece que «corresponde que las autoridades de los organismos denunciados, en lo sucesivo, se abstengan de utilizar las cuentas de Twitter y páginas web institucionales para emitir opiniones personales con motivo de la discusión de un proyecto de ley, debiendo adoptar todas las medidas de control que resulten necesarias para evitar la reiteración de tales situaciones».
En ese sentido, los legisladores explicaron que “cualquier alteración de las ya desequilibradas relaciones entre Ejecutivo y Congreso, propias de nuestro diseño institucional, termina afectando gravemente el trabajo parlamentario. El Congreso no cuenta con los recursos, despliegue, medios ni posibilidades para contrastar las informaciones parciales divulgadas por el Gobierno a través de todo el aparato de la Administración del Estado”.
El diputado DC Raúl Soto expresó que “cuando presentamos este requerimiento buscábamos aclarar el rayado de la cancha para que no exista ni un mal uso ni desinformación a la ciudadanía”. Según los diputados DC, y tal como señalaron en su presentación, “a través de las cuentas institucionales de intendencias, gobernaciones y otros servicios públicos, el Gobierno denostó la labor parlamentaria, mintiendo y tergiversando la realidad tras lo ocurrido con el proyecto de salario mínimo, cuyo veto fue rechazado por la Cámara de Diputados”.
Soto afirma que «se utilizaron plataformas institucionales que deben cumplir un fin imparcial y que se financian con recursos públicos, con fines políticos para criticar a parlamentarios, para emplazar a la oposición y derechamente para mentirle al país respecto a qué es lo que pasó con el fracaso del proyecto del Gobierno de reajuste del salario mínimo».
Sobre el dictamen conocido este jueves, agregó que “la Contraloría General de la República ha emitido un dictamen claro y contundente en que recuerda que un funcionario tiene prohibido realizar cualquier actividad política dentro de la administración del Estado. Además, detalla que quedan impedidos de utilizar bienes públicos para realizar actividades políticas y señala expresamente que los medios de comunicación institucionales solo pueden ser utilizados para emitir expresiones que digan relación con el funcionamiento del organismo respectivo”.
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