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Comisión solicitará oficio emitido por seremi de Justicia que compromete a jueces suspendidos de Corte de Apelaciones

MARTES, 23 DE JULIO DE 2019
Publicado por

Norelis Vilchez

Periodista El Tipógrafo

Documento dio origen a la investigación que en la actualidad cuestiona a los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez.


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La comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso de los jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, sesionó este lunes en la capital regional,  instancia donde conocieron testimonios de particulares cuyos casos fueron fallados en salas que eran integradas por los magistrados cuestionados. Además, estuvo presente la seremi de Justicia, Bárbara Perry; y representantes del Ministerio de Justicia.

En una sesión realizada por esta comisión en mayo pasado, y a la cual fue convocada el ministro de Justicia Hernán Larraín, se dio a conocer que la seremi del ramo, Bárbara Perry, en octubre de 2018 se dirigió al jefe de la División Judicial con un archivo de audio que fue captado en el contexto de una investigación sobre tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, en el cual se hacía referencia a presuntos hechos de corrupción vinculados a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Información clave que fue remitida, a través de un oficio, a la Corte Suprema, que designó a la ministra Rosa María Maggi -una vez conocidos los antecedentes- para iniciar una investigación que hoy compromete a los jueces Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez.

En razón de este documento, los diputados de la comisión investigadora dejaron ver  las inquietudes sobre el actuar de la seremi de Justicia y manifestaron la intención de obtener los detalles del oficio, que será solicitado formalmente al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema.

En este sentido, la diputada Loreto Carvajal insistió en conocer «los alcances del oficio, los fundamentos del oficio y cómo se genera esta comunicación de la seremi de Justicia de la región de O’Higgins con el fiscal (Emiliano) Arias y (Sergio) Moya. Ella dice que fue en una reunión de trabajo» y agregó que «he solicitado también a que tengamos acceso a cuál fue el origen de esta mesa de trabajo porque hay una serie de trabajos conjuntos y creo que es importante también dilucidar si no hubo una comunicación también respecto a otros fiscales y otras causas importantes para el provecho y el resultado de la comisión investigadora”.

Asimismo, cuestionó que los detalles del oficio sean de carácter reservado: «Creo que lo mínimo en este caso de responsabilidad es poder entender qué hay detrás de los fundamentos que dieron origen y que hoy día tiene el carácter de reservado. (…) por un lado está el Poder Judicial con su investigación y, por otro, está el Poder Ejecutivo, en este caso representado por el Ministerio de Justicia. Si es así no veo que haya una imposibilidad de tener acceso a ese documento, puesto que es determinante en un aspecto político (…) no veo por qué se tendría que restringir a nosotros los diputados poder conocer aquellos actos de gobiernos que son propios de la cartera como la Seremi de Justicia”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper manifestó que “efectivamente el contenido de ese oficio para nosotros es muy expectante porque dice relación con ciertas pruebas que finalmente se ordenaron destruir y no se destruyeron. Pero como es materia de investigación, nosotros como comisión tenemos un límite que es que no podemos interferir en investigaciones judiciales pendientes porque de otra manera incurriríamos en un exceso de nuestras atribuciones”.

“Es de esperar que cuando ya el expediente sea público, podamos saber cuál es el contenido de ese oficio que me parece muy relevante en el marco de esta investigación”, agregó.

El diputado Raúl Soto, quien también forma parte de la comisión, señaló que  “el Ministerio de Justicia y el poder judicial no nos pueden negar en nuestra facultad investigativa de parlamentarios, (…) conocer el contenido de aquel oficio y ahora el representante del Ministerio de Justicia expresamente nos dijo que era de carácter secreto, que no tenía la intención de dar a conocer el contenido, al menos hasta que terminen las investigaciones”.

Asimismo dijo “nosotros tenemos hoy día la legítima duda de que lo que nos vino a contar acá la seremi (de Justicia) fue la parte linda de la historia, pero que hay más información que no se conoce respecto a cómo se inician estos procedimientos y cómo es el contenido de aquel oficio (…) creo que es un elemento muy relevante para poder, en definitiva, ir determinando las responsabilidades políticas, penales, judiciales, pero además para cumplir con el objeto investigativo de esta comisión”.

A su salida de sesión, la seremi de Justicia, Bárbara Perry, declaró que “es importante aportar los antecedentes para que este caso se vaya esclareciendo y tarde o temprano saldrán las sentencias tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.  Lo importante es el mensaje, no el mensajero (…) por eso uno tiene que tener la tranquilidad que era un deber.  Dentro de estos cargos hay cosas agradables y no tan agradables que uno tiene que realizar, como funcionaria pública consideré que era mi deber hacerlo”.

Finalmente todos los diputados coincidieron en que “hoy día una de las propuestas va a ser colocar un muro que no tenga ninguna capacidad de comunicación con lo que tiene que ver con el poder judicial o los nombramientos (…)  en relación al mundo político y cambiar el proceso de nominación de los jueces, como también lo que tiene que ver con la fórmula de cómo se toman las decisiones en el Ministerio para poder ratificar esos nombres”, agregó la presidenta de la comisión Alejandra Sepúlveda.

Finalmente manifestó que en la próxima sesión de la comisión, recibirán a los funcionarios del poder judicial.


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