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Política

Diputado Schalper y solicitud de remoción para jueces de Rancagua: Favorece la "fe pública en el poder judicial"

LUNES, 3 DE JUNIO DE 2019
Publicado por

Jaime Castañeda

Editor El Tipógrafo

La medida obedece a supuestos delitos como tráfico de influencias y faltas a la probidad por parte de los involucrados.


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La ministra Rosa María Maggi entregó su informe de la investigación por irregularidades en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, quienes se encuentran suspendidos de sus funciones por una investigación por posible tráfico de influencias.

El 3 de diciembre de 2018, Maggi -en el marco de esta indagatoria- abrió un sumario administrativo en contra de los tres jueces.

El 4 de abril la ministra, luego de obtener dedicación exclusiva para realizar esta investigación, suspende por cuatro meses de sus funciones a los jueces Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.

Cabe recordar que se llevaron a cabo dos investigaciones. Una, contra los ministros Elgueta, Albornoz y Vásquez; y la segunda, solamente contra los Elgueta y Vásquez.

Finalmente ambas investigaciones fueron unificadas y de estas indagatorias la ministra Maggí planteó sus medidas.

El pasado jueves 23 de mayo, Rosa María Maggi agotó el plazo probatorio en la investigación disciplinaria y entregó las conclusiones de su trabajo y sugirió abrir un cuaderno de remoción en contra de los ministros del tribunal de alzada rancagüino.

El diputado Diego Schalper comentó que “hoy día el que haya una ministra dedicada completamente a la causa y haya iniciado un cuaderno de remoción es una buena noticia, para que recuperemos la fe pública en el poder judicial y al mismo tiempo seamos capaces de sancionar las irregularidades que ahí se puedan haber cometido”.

Tras la presentación de este informe, Elgueta, Vásquez y Albornoz tendrán tres días para solicitar alegatos y paralelamente el Ministerio Público ya inició una investigación por su eventual participación en delitos como tráfico de influencias y faltas a la probidad.

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, indicó que «todas estas conductas son calificadas por la señora ministra como muy graves. Infringen las disposiciones del Código Orgánico de tribunales y señala que solicita la máxima sanción establecida en este código que es cuatro meses de suspensión. También señala que todo lo expuesto le permite sugerir a la Corte hacer uso de la norma que permite la remoción de estas personas».

 


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