Aún sigue siguen sin resolverse las controversias que rodean al proyecto de la Carretera de la Fruta, la cual vería modificado parte de su trazado y sería dotada de dobles vías. Se trata de un camino estratégico que une el puerto de San Antonio con la Ruta 5 Sur a la altura de Pelequén.
Esta ruta, según la maqueta, comienza en el cruce con la Ruta 5 Sur, en el sector de Pelequén, Región de O’Higgins, atraviesa la parte sur de la Región Metropolitana y finaliza en el camino de acceso al puerto de San Antonio en la Región de Valparaíso. El proyecto cuenta con cuatro variantes emplazadas en los sectores de San Juan, en Peumo-El Manzano, San Vicente y Pelequén-Limahue.
Se había anunciado que para finales de mayo se haría la licitación sobre este proyecto. De 19 empresas que retiraron las bases para concursar, solo una efectivamente optó por licitar para esta obra.
El diputado Juan Luis Castro (PS) ha hecho el acompañamiento a las comunidades que eventualmente podrían verse afectadas por la ejecución de las obras en un tramo distinto del original, manifestó que el sábado el presidente Sebastián Piñera informó que ya estaban listas las nuevas ofertas para la carretera, de la cual aún se desconoce por dónde se ejecutará.
“El problema es que esto no implica cambiar el diseño del proyecto, sino que implica mantenerlo por la orilla del río (Cachapoal), con todos los costos sociales, económicos, que implican favorecer un cierto tipo de negocio que todos sabemos que tiene que ver con los áridos, generando un impacto negativo en todo el valle”, señaló.
Refirió que lo preocupante es que se cumpla en esa zona sin considerar los reclamos, las impugnaciones y las solicitudes que han hecho los ribereños y la comunidad en general, sobre todo de Pichidegua, que es la más afectada. “Yo espero que se aclare urgentemente por parte del subsecretario (del MOP) Lucas Palacios o por el ministro de Obras Públicas cuál es la situación real de esta licitación y sobre todo qué se va a acoger del planteamiento serio y formal que yo respaldo y que han hecho las comunidades en torno al tramo que está hoy día en litigio”.
Dijo que las autoridades no pueden mantenerse en las condiciones que se han sostenido estos dos años. “En una incertidumbre enorme y sin convencer de argumentos para trazar la línea por la orilla del río, por los costos adicionales que implica”, dijo.
En cuanto a la baja postulación de interesados para licitar sobre este proyecto, refirió que “todas las empresas buscan evitar los menores riesgos posibles al verse perjudicadas al momento de desarrollar una obra que está cuestionada claramente por la comunidad. Eso inhibe y retrae a todos aquellos quienes obviamente quieren invertir”.
“Lo normal es que haya competencia, no que haya una sola empresa; eso habla sobre el desaliento de las demás y, por lo tanto, la precariedad en que termina este proyecto. Aquí debieran estar peleándose de codo a codo muchas empresas, pero aquí hay una responsabilidad del gobierno, de no generar reglas claras que permitan que el proyecto se haga con tranquilidad y que sea bienvenido por la población, cosa que hoy día no ocurre”, enfatizó.
Asimismo, el congresista manifestó que es una mala señal que haya una sola empresa en esa oferta. “Creo que eso debería declararse nulo hasta que no se defina el trayecto de petitorio que va a llevar el tramo que está hoy día en cuestión”, precisó.
El diputado detalló que el Ministerio de Obras Públicas es quien debe tomar una decisión definitiva sobre “por dónde quiere hacer ese tramo, que es la interrogante más fuerte que todavía no ha sido capaz de despejar el actual gobierno. Yo voy a tomar contacto con la Asociación de Ribereños y el alcalde de Pichidegua para solicitar una audiencia en carácter de urgente con el ministro de Obras Públicas o con el señor subsecretario para poder despejar esto a la brevedad”.
Finalmente, Castro señaló que “ha habido mucha inflexibilidad, ellos han dilatado en el tiempo, han postergado, pero no han resuelto nada de lo que hoy día es la queja más importante que tiene fundamento y razones claras para hacer un proyecto que a todas luces es carísimo. Yo acuso rigidez, obstruccionismo e inflexibilidad en querer favorecer un negocio como es el de los áridos, en vez de favorecer un proyecto que sea ecológicamente rentable, sin impacto social, sin impacto en el valle y en lo económico que va a traer muchos perjuicios”, resaltó.
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