En el mes de abril, el pleno de la Corte Suprema desestimó por 9 votos contra 8 la solicitud de remoción de los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que por esos días eran investigados por un eventual tráfico de influencias: Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Según informó en aquella oportunidad el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, de los 9 ministros que desestimaron esa opción, «6 estuvieron por hacerlo así ya que no está terminado el procedimiento disciplinario y no les pareció, por lo tanto, pertinente interrumpir», mientras que los otros 3 «estuvieron por decir que no, porque no contaban inmediatamente con un informe de la señora ministra (Rosa María Maggi) que está sustanciando la investigación y les parecía que no tenían los elementos para resolver en esa situación».
Para los 8 votos a favor, según señaló Cisternas en la oportunidad, «la idea era acoger la solicitud de inmediato, pero la definición en cuánto a sus resultados se produciría sólo una vez que se terminara el sumario y se contara con estos antecedentes”.
El miércoles en tanto, la ministra Maggi entregó el informe final de la investigación contra los 3 jueces de la Corte de Apelaciones, donde propuso la apertura de un cuaderno de remoción para Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso.
Tras esto, la defensa de los magistrados han dejado entrever que se podría pedir la inhabilidad de los 8 ministros de la Corte Suprema que ya se manifestaron con anterioridad respecto a la opción de iniciar la remoción de los jueces de Rancagua. La razón: ya habrían manifestado «opinión previa».
El exministro de Justicia, Isidro Solís, es el abogado que defiende al suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez. El abogado, junto con ser notificado del informe que redactó la ministra Rosa María Maggi, se dirigió hasta la Corte Suprema para solicitar una copia del acta del pleno extraordinario del pasado 17 de abril con miras a una eventual solicitud de recusación hacia algunos supremos.
“Una base fundamental de la justicia es que los tribunales tienen que actuar con ecuanimidad y con absoluta independencia de sus opiniones personales al momento de resolver las querellas o los problemas de las personas y para eso lo que se debe cautelar siempre es el debido proceso”, aseguró Solís.
Sobre ese pleno extraordinario, el abogado afirmó que “fue rara la circunstancia en que estando pendiente la realización de un sumario, una parte de la Corte Suprema pidiera una resolución simplemente administrativa para expulsar a los ministros de la Corte de Rancagua de sus empleos”.
Por eso, Solís pidió “copia de esa acta, de los fundamentos y de las opiniones para ver si corresponde que esos ministros puedan eventualmente ser inhabilitados por haber emitido opinión previa. La ley le prohíbe a los jueces emitir opinión previa al conocimiento de una causa”.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas