El fiscal nacional, Jorge Abott, decidió trasladar a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur la causa que investiga la presunta corrupción que involucra a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quitándosela de las manos a la fiscalía regional de O’Higgins.
Lo anterior se da tras una denuncia del fiscal adjunto de la zona, Sergio Moya, en contra de su superior, el fiscal regional Emiliano Arias.
Lo anterior, apunta a cuatro situaciones: Un eventual tráfico de influencias en el caso Caval; obstrucción a la investigación en la indagatoria contra el ministro de la Corte de Apelaciones Emilio Elgueta; ocultamiento en la causa de malversación de caudales públicos en el Teatro Regional de Rancagua -donde será formalizado el alcalde Eduardo Soto-; y violación de secreto por sustracción de información desde la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins que llegó a manos de un particular en Puerto Montt.
Así lo revela radio Bío Bío, donde el fiscal Sergio Moya explicó que en la indagatoria por corrupción de los jueces que involucra prevaricación y enriquecimiento, solicitó en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del fiscal regional para poder pedir la formalización de Emilio Elgueta, pero no habría recibido respuesta.
Por lo anterior decidió actuar -pese a arriesgar sanciones administrativas- y solicitar la formalización sin el consentimiento de Arias.
En relación al caso Caval, Moya señala que el fiscal regional realizó sólo una intervención. Fue en diciembre de 2017 y consistió en un intento de realizar un procedimiento abreviado al síndico de quiebras Herman Chadwick.
Según la denuncia de Moya, se le habría planteado que se debía terminar con esa arista, porque un eventual juicio oral contra Chadwick podría traer consecuencias para la imagen del gobierno de Sebastián Piñera.
En ese sentido, Arias habría intentado realizar un juicio abreviado, pero con penas mucho más bajas de las establecidas por la ley.
El caso de irregularidades financieras en el Teatro Regional de Rancagua también son parte de los cuestionamientos y donde será formalizado el alcalde Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos.
El fiscal Moya asegura que fue convocado a una reunión -que le pareció impropia pero no constitutiva de delito- donde se encontraba el abogado del jefe comunal rancagüino. En la cita, habría sido instruido por Emiliano Arias para estar atento a los requerimientos del jurista.
Tras la reunión, Moya solicitó una serie de diligencias en esta causa, como autorizaciones judiciales para incautar computadores, ipads y aparatos electrónicos del alcalde, sin embargo, el fiscal Arias le habría ordenado devolver las especies.
Pese a lo anterior, el fiscal Moya no las devolvió por tratarse de una investigación por malversación de caudales públicos.
La cuarta denuncia está ligada a una extracción de documentos de la base de datos de la Fiscalía regional de O’Higgins, que terminaron en manos de un particular en Puerto Montt.
El OS7 de Carabineros de esa ciudad dio con esa información y avisó a la fiscalía, por lo que Moya inició la indagatoria, determinando que la información habría sido extraída por orden del mismo fiscal regional Emiliano Arias.
Es por lo anterior, y por estar involucrada la jefatura regional de los fiscales, que se debía poner en conocimiento de los antecedentes a la Fiscalía Nacional para que esta designara un persecutor encargado de indagar a Arias, pero según constató Moya durante esta semana, esa carpeta nunca llegó a su destino.
El fiscal nacional Jorge Abott ya está en conocimiento de toda esta información, la cual fue entregada mediante un detallado informe enviado por el fiscal Moya durante la jornada de este viernes a la Unidad de Asesorías Jurídicas de la Fiscalía Nacional.
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