La seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de O’Higgins, Bárbara Perry, se refirió a los alcalces del proyecto +R. “La idea es que las empresas que contratan a las personas privadas de libertad dentro de los recintos penitenciarios, continúen trabajando con estas una vez que recuperen su libertad, contribuyendo, de esta forma a la seguridad pública. En nuestra región iniciaremos el plan piloto en nuestra Unidad Penitenciaria de Rengo”.
El problema de la seguridad pública es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía en Chile. Según un estudio de Fundación Paz Ciudadana de 2012, el 51% de la población que cumple su condena privado de libertad, vuelve a cometer un delito dentro de los tres años siguientes al egreso de la unidad penal.
Los estudios con personas que han estado privadas de libertad, han demostrado que quienes cuentan con un empleo reducen el riesgo de reincidencia entre 33% y 50%, mientras que estudios de Gendarmería indican que quienes participan en los programas de los Centros de Educación y Trabajo, disminuyen la tasa de reincidencia al 22,2%. “Es decir, el fortalecimiento de la política en reinserción social, tiene un impacto directo disminuir la tasa de delitos, y por consecuencia, los índices de victimización”, explicó la seremi.
Asimismo dijo que “el Proyecto +R reúne de manera permanente a una mesa de trabajo regional, que está compuesta por la sociedad civil, la empresa privada y los servicios públicos, y que es liderada por esta seremi, en su rol de coordinadora de la ejecución del Programa”.
“Es por ello que hago un llamado a las empresas de la región para que se sumen a esta iniciativa integrando las mesas de trabajo a través de sus representantes, para que nuestra región de O´Higgins pueda decir con orgullo que “en O´Higgins la reinserción social es tarea de todos, logrando así aumentar la seguridad pública y el bienestar para nuestro vecinos”, sentenció la autoridad.
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