Editorial: El futuro de la Corte de Apelaciones

Publicado el 9 abril, 2019 Por Equipo de Corresponsales

La compleja situación que afecta a la Corte de Apelaciones de Rancagua nos llena de vergüenza. Otra vez la capital regional es blanco de cuestionamientos por el actuar de gente sin escrúpulos y que quiso sacar ventajas del sistema. Hasta la fecha son tres los ministros de la Corte de Apelaciones suspendidos –por hasta 4 […]

La compleja situación que afecta a la Corte de Apelaciones de Rancagua nos llena de vergüenza. Otra vez la capital regional es blanco de cuestionamientos por el actuar de gente sin escrúpulos y que quiso sacar ventajas del sistema.

Hasta la fecha son tres los ministros de la Corte de Apelaciones suspendidos –por hasta 4 meses- y uno de ellos, Emilio Elgueta, será formalizado el próximo 26 de abril por prevaricación y enriquecimiento ilícito.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, calificó estos actos como “hechos graves”, y todos los actores que rodean al Poder Judicial han hecho un llamado público a que se esclarezcan estas situaciones y se sancione a los responsables.

En un país donde reina la desconfianza y la escasa credibilidad en las instituciones, hechos como los que afectan a la Corte de Apelaciones solo agravan la situación.

¿Cómo revertirlo? Aprendiendo de las lecciones que nos dejaron hechos del pasado donde no se actuó con la celeridad necesaria, primero, para establecer responsabilidades; y segundo, para introducir  mejoras al sistema que eviten que esto vuelva a ocurrir.

La transparencia con la que ha actuado el poder judicial es una señal que va en el camino correcto. Y en ese sentido, ha puesto todos los esfuerzos para esclarecer esta anómala situación, en medio de un cuestionamiento ciudadano lógico, que ya poca o casi nada de confianza tiene en las instituciones.

La tarea pendiente es aún mayor: lograr que estos hechos no se repitan.

Es que si quienes han sido mandatados para hacer cumplir la ley, no son capaces de ajustarse a normas éticas, respetar reglas o la legislación vigente, se desmorona la sociedad en su conjunto.

Doble desafío entonces: Establecer responsabilidades y sanciones es lo mínimo que exige la ciudadanía. Evitar que vuelvan a ocurrir es fundamental para volver  a confiar en un poder clave en el desarrollo del país.

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