Luego de la entrada en vigencia de la Ley 21.081 el pasado 14 de marzo, el Sernac realizó las primeras fiscalizaciones, actividades que han tenido por objetivo monitorear el comportamiento de las principales empresas del retail respecto de temas que son sensibles para los consumidores, como el derecho a la garantía legal, los precios de los productos, las promociones y ofertas y la seguridad en el consumo.
Los fiscalizadores del servicio inspeccionaron locales de Falabella, Ripley, Paris, Abcdin y Corona, en doce capitales regionales del país. Dichas empresas concentran cerca del 80% de los reclamos que el servicio recibió el 2018 contra las tiendas por departamento.
La labor de fiscalización cuenta con un plan anual basado es riesgos, cuyo fin es focalizar la acción del servicio en aquellas áreas más riesgosas para ejercer los derechos de los consumidores, y que impactan directamente en su calidad de vida.
Las directrices de dicho plan se encuentran publicadas en la página web del servicio, y entre los insumos que se consideran para su elaboración se encuentran los reclamos y las alertas ciudadanas en los casos que correspondan.
Hallazgos preliminares
Según los hallazgos preliminares de la fiscalización, el Sernac detectó problemas relacionados con falta de precios en los productos, promociones con vigencia caducada, protocolos que establecen derivación inmediata al servicio técnico, limitación a solo reparar el producto y no a la devolución del dinero o cambio del producto como indica el derecho a garantía legal, entre otros aspectos.
Sernac analizará jurídicamente los antecedentes recopilados, y de constatarse infracciones a la Ley del Consumidor, interpondrá las denuncias respectivas ante tribunales, así como otras acciones que correspondan para que se cumpla la normativa.
El director del organismo, Lucas del Villar, dijo que “la entrada en vigencia de la nueva ley nos entregó la fiscalización como herramienta para proteger los derechos de los consumidores, y la utilizaremos con eficiencia para transparentar prácticas, y modificar conductas que vayan en directo beneficio de las personas y del mercado completo”.
La autoridad subrayó que los antecedentes recopilados en las fiscalizaciones serán considerados como pruebas por parte de los tribunales de Justicia, pudiendo haber sanciones con elevadas multas.
La fiscalización también incluye la atribución del servicio para citar a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas de forma obligatoria.
La autoridad, no obstante, recalcó que la nueva normativa también establece los incentivos para que las empresas tomen las medidas preventivas necesarias para ajustar sus procesos, evitando infracciones.