La nueva ley 21.081 fortalece las facultades del Sernac, y con ello se amplían los derechos de los consumidores en el país. Es así como a partir de este jueves el servicio contará con más personal para fiscalizar a empresas y tendrá la posibilidad de interponer demandas colectivas con multas que son hasta 6 veces más altas de antes, entre otras medidas.
El director regional del Sernac, Efraín Contreras, calificó estas nuevas atribuciones como un “hito muy relevante”, ya que entregan facultades al organismo con las que antes no contaba.
Contreras agrega que “con esto vamos a potenciar la protección del consumidor, vamos a evitar todas las conductas abusivas que tienen las empresas”, ya que con esta herramienta es posible fiscalizar lugares donde se hacía dificultoso llegar.
Fiscalización
A partir de ahora Sernac implementará un plan de fiscalización anual y enfocado en los mercados que presentan mayores reclamos, entre ellos, el retail o empresas de telecomunicaciones.
Para ello se aumentará la dotación de personal a fin de poder cubrir de manera efectiva la región, “hecho inédito para el servicio y eso va a permitir proteger más a los consumidores” al actuar directamente en terreno.
Procedimiento Voluntario Preventivo
Se cambia la figura de la mediación colectiva al Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), el cual es más rígido y exige más compromiso a la empresa que transgreda algún derecho del consumidor.
Y si bien es voluntario el iniciar un PVC para las empresas, una vez que se someten a este procedimiento deben ajustarse a requisitos obligatorios y no pueden salir de él.
Esto va a permitir que los problemas entre los consumidores y las empresas sean zanjados en un plazo de no más de tres meses, ampliable a 6.
Con lo cual “nos evitamos un juicio, nos evitamos que la gente esté con una problemática por demasiado tiempo”, explica Contreras.
Antiguamente, la diferencia estaba en que en la mediación colectiva, la empresa podía salirse del procedimiento en cualquier momento, sin tener de por medio sanción alguna. Mientras que con el PVC, la empresa que decida retirarse de la mediación, al momento de recibir una multa, esta se incrementaría en un 25%.
Aumento de multas
La nueva ley contempla multas hasta 6 veces más altas que las actuales, y si antes la multa más alta llegaba a las 50 UTM, hoy la multa básica será de 300 UTM, mientras que las más altas pueden superar las 2000 mil UTM, lo cual se traduce en 105 millones de pesos.
En el caso de que una empresa suspensa injustificadamente un servicio, aplicable a compañías de electicidad o telecomunicaciones, antes las sanciones serán de 150 UTM y con esta nueva ley ello sube a 750 UTM.
En el caso de publicidad engañosa las multas para las empresas alcanzan las 1500 UTM, lo cual tendrían que pagar por cada consumidor afectado. Y en el caso que esa publicidad provoque un daño a la salud – aplicable a medicamentos- antes se aplicaban multas de hasta 1000 UTM y actualmente serán 2250 UTM.
La autoridad sostuvo que esta normativa establece los incentivos suficientes para que las empresas actúen profesionalmente y ajusten sus prácticas de raíz en sus procesos, lo que redundará en relaciones de consumo más equilibradas entre los consumidores y las empresas, y en mercados más transparentes.
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