Los padres de Joaquín Fernández, el joven que en 2016 falleció luego que fuera apuñalado por un menor de edad en plena vía pública, criticaron el rol de la seremi de Justicia, Bárbara Perry; en relación a su postura frente a la Ley de Responsabilidad Adolescente, tras sostener una cita con la autoridad que no los dejó conforme con su gestión.
De este modo, los padres del estudiante fallecido enviaron una carta a la máxima autoridad regional, el intendente Juan Manuel Masferrer, acusando que la autoridad de Justicia, “según nuestro punto de vista, tiene un discurso muy discordante con lo que nosotros y nuestra población viene reclamando”.
Al ser consultada por estos cuestionamientos, la seremi sostuvo que las aspiraciones de la familia “me parece que son legítimas y que responden a una reclamación social, preocupante y que por cierto se debe mejorar. Por mi parte comparto muchas de esas necesidades y que dicen relación con el control de la delincuencia; provenga de quien provenga”.
En la reunión entre los padres del joven fallecido y la autoridad, esta manifestó que se revisaron todos los procesos realizados en el caso del autor del crimen de Joaquín Fernández y que “en la ocasión, les expuse que empatizaba plenamente con su dolor y que ante la posibilidad de que el autor saliera libre antes de cumplir la condena; monitorearíamos ante la autoridad encargada de la custodia para establecer o garantizar que se cumpliera la ley y la sentencia judicial y no se le otorgaran más beneficios que los que la ley establece”.
Uno de los puntos que los padres más cuestionaron de Perry fue su postura frente a la modificación de la Ley de Responsabilidad Adolescente, donde apuntaron que “tiene un discurso muy similar, si no igual, a lo que postulaba el gobierno de la señora Bachelet”, a lo que la seremi respondió que “el nivel de delincuencia que se ha apoderado de la sociedad, hacen necesario que la Ley de Responsabilidad Adolescente se actualice”.
A esto agregó que “la modificación propuesta entre otras materias, se hace cargo de la ejecución actualmente deficitaria que representa el régimen semicerrado. Muchos menores que se encuentran en esa condición solo llegan a alojar y si es que llegan a estas dependencias, pero no se logra con este sistema que se sientan cumpliendo una pena. Con la modificación se establecerá una libertad asistida especial, en donde el menor infractor permanecerá bajo la directriz de la autoridad durante todo el día y por la noche”.
Actualmente la modificación a la Ley se encuentra en trámite en el Congreso. Primero se aprobó en general y luego se aprobaría lo referente a lo particular. De ser así “esperamos para el primer semestre del 2020 poder contar con esta nueva legislación y que será implementada en forma paulatina, primero en la zona norte y luego en la centro”, indicó.
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