De forma unánime la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la comisión investigadora que busca evaluar y fiscalizar los actos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros órganos del Estado.
La instancia fue propuesta por la diputada del distrito 16, Alejandra Sepúlveda, quien recalcó la fiscalización que se hará a Conaf, particularmente en los planes de manejo del organismo, con el objetivo de de analizar si se ajustan a la legalidad y si cumplen con la finalidad de protección y conservación de los recursos forestales del país.
“Para nosotros es muy importante poder investigar todos los procedimientos administrativos por los cuales se está otorgando el cambio de uso de suelo y permitiendo talar y deforestar el bosque esclerófilo de la zona central del país”, explicó la diputada, haciendo hincapié en la situación ocurrida en el sector Quilicura, de la comuna de Las Cabras.
En la misma línea, Sepúlveda recalcó que este tipo de situaciones “trae consecuencias gravísimas y nosotros no queremos ser un nuevo Petorca, pues con mucha pena hemos visto consecuencias irreparables en la Quinta Región producto de estas prácticas y queremos resguardar el agua, sobre todo para el consumo, pero también el agua para los regantes y la agricultura”.
“Durante mucho tiempo la Conaf ha aprobado planes de manejo para que privados puedan raspar cerros con bosque nativo, haciendo vinculante el cambio de uso de suelo que el interesado hace al Servicio de Impuestos Internos”, acusó la autoridad.
“En la Sexta Región lo estamos viviendo y hemos logrado detener por 30 días esta práctica en el sector de Quilicura en la comuna de Las Cabras, pero la finalidad de esta comisión investigadora es detener este tipo de prácticas de forma definitiva y dar una protección real a nuestros bosques nativos, y asimismo, al agua de los vecinos y vecinas y agricultores regantes”, concluyó la parlamentaria.
Cabe consignar que la comisión investigadora se constituirá de vuelta del receso de febrero de la Cámara de Diputados, y tendrá un plazo de 90 días para recabar todos los antecedentes necesarios, antes de sus conclusiones.
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