En la comuna de Quilpué ha sido tema de debate la propuesta de ordenanza municipal, impulsada por el alcalde Mauricio Viñambres, que busca imponer restricción horaria para menores de 14 años que circulen por las calles después de la una de la madrugada sin la compañía de un adulto.
La medida está inspirada en el programa de protección de menores ‘Youth in Iceland’, el cual se aplica desde el año 2002 en Islandia, y que restringe la libertad de caminar solos a partir de las 22 horas en invierno y de la medianoche en verano, a los menores de 16 años.
El tema no es ajeno en la región de O’Higgins, ya que el jefe comunal de Graneros, Claudio Segovia, tuvo en carpeta impulsar una iniciativa de similares características durante el año pasado. Y por estos días, no esconde su intención de llevarla a cabo.
“La sociedad tiene el deber de fiscalizar la conducta de los menores, en ese sentido la tarea es que podamos ponernos de acuerdo entre todos los estamentos para poder proteger, controlar y fiscalizar a los menores”, explica el alcalde de Graneros.
Claudio Segovia proyecta implementar esta especie de toque de queda para menores de 14 años. A pesar de las opiniones en contra, reconoce que “es una medida dura y restrictiva que coarta ciertas libertades, pero que potencia la familia, el rol del apoderado y de la sociedad para proteger a los menores de edad que se puedan encontrar en la calle”.
En ese sentido, señala que “estamos viendo la instancia de llevar a cabo una acción como esta, de poder socializar en conjunto con los padres y apoderados, con quienes ya lo hemos conversado».
Asevera que “la medida asegura la integridad física y moral porque las calles cambian un poco llegada cierta hora, y es necesario que un adulto se haga cargo”. Agrega que “los menores se pueden vincular a situaciones que para nada son tranquilizadores para las familias y que se asocian a delitos, lanzazos, uso de armas o consumo de drogas”.
Por otra parte asegura que con su medida “no estamos contra los derechos humanos de las personas, sino que al contrario estamos protegiendo a las personas”.
Sin embargo hay detractores a una iniciativa de este tipo, como la Defensoría de la Niñez, donde han asegurado en diversas instancias que «la medida presenta un evidente problema de inconstitucionalidad, independiente de que la idea cuente con el apoyo de padres, apoderados o la comunidad”.
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