Este viernes a las 11:30 horas se reanudará la audiencia de formalización contra el empresario Raúl Schüler, a quien la Fiscalía lo formalizó por los delitos de receptación e infracción a la Ley de Monumentos Nacionales y de Control de Armas.
En la oportunidad se conocerá la medida cautelar que deberá cumplir el coleccionista quien, dada la cantidad de ilícitos y especies robadas, podría arriesgar una cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.
Según lo expuesto por el fiscal regional, Emiliano Arias, durante la audiencia de formalización, Schüler llevaría más de 30 años como coleccionista, por lo que tendría el “conocimiento de un experto” para saber sobre la procedencia de las obras, que serían invaluables, como las robadas desde el Cementerio General, Cerro Santa Lucía y la Región de Valparaíso.
“Hay delitos de diversas especies que afectan el patrimonio cultural nacional, hay delitos que afectan, en definitiva, la seguridad nacional por la Ley de Control de Armas; receptación, que en definitiva es aquel que motiva que se roben ese tipo de artes”, indicó Arias.
De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, las especies habían sido robadas desde 2003 hasta el 2016 y en el domicilio del empresario fueron encontradas obras que no contaban con la autorización correspondiente que requiere la Ley, datos de compra y su procedencia, pese a que contaba con un permiso de coleccionista, el cual estaba vencido desde 2014.
Asimismo, la Fiscalía de O’Higgins acusó al empresario Raúl Schüler de mantener en pésimas condiciones las especies que fueron reportadas como robadas y que fueron incautadas en su fundo de San Francisco de Mostazal.
La tesis de la defensa fue que los antecedentes entregados durante la formalización, respecto a las pruebas entregadas por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, eran falsas.
Al respeto, Arias señaló que “en relación a las imputaciones efectuadas en la audiencia, para una comprensión de las mismas deberían esperar hasta mañana (viernes), que falta todavía la información de la Fiscalía, cuando entregue y fundamente por las especies robadas y cuáles son”.
El empresario arriesga penas que llegan a los 5 años de cárcel por el delito de receptación e infracción a la Ley de Monumentos Nacionales, mientras que por el Control de Armas esta podría alcanzar los 10 años.
Este viernes continúa la audiencia, oportunidad en que la Fiscalía entregará antecedentes respecto a la incautación desde la vivienda del imputado, quien podría cumplir una medida cautelar de prisión preventiva.
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