Como “burdas” y que “no se ajustan a derecho” calificó el presidente regional de ANEF, Jorge Pedreros, la argumentación del gobierno ante los despidos masivos que se generaron en el servicio público, afectando a distintos estamentos, como las seremías del MOP, Educación, Desarrollo Social, Vivienda; además de direcciones regionales del Fosis, Serviu, IND e INP, entre otros.
En este sentido, desde el Frente Amplio de Rancagua enviaron un comunicado respecto a la situación que se vive tras las masivas desvinculaciones.
“El trabajo es esencial para todas las personas en la organización de la sociedad actual. Contribuye no sólo a la formación de los individuos, sino que también es necesaria para que cada uno pueda hacer frente a sus necesidades y a las de su familia, entablar y mantener vínculos sociales y cumplir con sus deberes para con la sociedad”, manifestaron.
En la misiva agregaron que “en nuestros días, el trabajo se ha convertido para miles de personas en un bien escaso; un sufrimiento o un peligro para aquellos que tienen la suerte de trabajar. Y lamentablemente en nuestra región, esto no es la excepción”
Según cifra la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF) de O’Higgins, son 120 los funcionarios públicos que habrían sido despedidos. Según el organismo, el Serviu, MOP y Gobierno Regional serían los servicios que concentrarían un mayor número de despidos en la región, además de direcciones regionales del Fosis, Serviu, IND e INP, entre otros.
Ante esta situación, desde el Frente Amplio solidarizaron con los trabajadores y anunciaron que “no toleramos despidos injustificados que afecten la estabilidad de funcionarios y funcionarias que tienen años de servicio público y que hoy se encuentran amparados por la jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema, obligando al gobierno a actuar dentro de un Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos, especialmente los laborales”.
A raíz de los despidos, esta semana Anef anunció que interpondrá un recurso de reclamación en Contraloría para que sea este organismo el que determine si las desvinculaciones fueron realizadas al margen de la ley o en conformidad a ella. Asimismo, se encuentran asesorando a los funcionarios que requieran orientación para iniciar un proceso judicial.
“El Estado debe modernizarse en todo su conjunto de legislación, terminando con la precariedad del trabajo público. Un elemento esencial para el desarrollo, eficiencia y modernidad, es que las y los trabajadores públicos sean considerados trabajadores estatales, diferenciándolos de los funcionarios de gobierno, dotándolos de mayor estabilidad, terminando con la precariedad asociada a la transitoriedad de las contrataciones anuales”, sostiene el comunicado del Frente Amplio.
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